Reflexiones sobre el lobby en las políticas tecnológicas
Publicado el 28 November, 2008 por Pedro Huichalaf Roa bajo Congreso, Destacado, Gobierno, Internet, LD, Legal, Noticias, Opinión, Politica.
En estos últimos meses hemos comenzado a descubrir una práctica que lleva años realizándose entre el mundo empresarial y el político, pero que en estos últimos meses (y en relación a las Políticas Tecnológicas) se han demostrado en todo su esplendor. Y nos referimos a la figura del lobby o tráfico de influencias.
Un proyecto de ley que regula el lobby (que se demoró 4 años) y que se encontraba aprobado por el Parlamento hasta que la Presidenta Bachelet vetó el proyecto para hacerle modificaciones, define lobby :
“como la actividad remunerada que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual, sectorial o institucional con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.
También se entenderá que existe lobby cuando la actividad de promoción, defensa o representación de intereses se efectúe ante los jefes de gabinete o asesores directos o de exclusiva confianza de las autoridades correspondientes.”
Según la 3º Encuesta Nacional UDP, el 62.5% de las personas encuestadas respondió que la opinión de los “grandes empresarios” influye “mucho o bastante” en el proceso de toma de decisiones de gobierno, superando incluso a la influencia atribuída a la opinión de los partidos políticos (que alcanza al 56.6%).
Este enorme poder político que se atribuye a los grandes empresarios es diametralmente opuesta a la sensación que se le adjudica a “la opinión de la gente como usted” (que solo alcanza a un 14%), al “contacto directo que las autoridades tienen con los ciudadanos” (24,6%) y a las “manifestaciones o movilizaciones ciudadanas” (como sería el caso de Liberación Digital), con un 29,3%, es decir, representando menos de la mitad del peso político atribuido a los empresarios.
En el caso de las Políticas Tecnológicas, los que estamos luchando por intereses sociales, a diario vemos como la presión ejercida por el poder económico influye sustancialmente en las decisiones tanto del gobierno como del parlamento, y para muestra, comentaremos un par de casos.
El caso SCD (o UNA, da lo mismo)
Tal como todos sabemos, la nueva figura surgida para hacer lobby, la UNA o “Unión Nacional de Artistas”, logró un acuerdo político con el gobierno donde se privilegiaron las premisas e intereses del conglomerado liderado por la SCD, en donde el gobierno se compromete a excluir cualquier indicación contraria y a no escuchar a los otros actores que también tienen sus legítimos intereses. Este acuerdo se gestó mientras se reunían expertos en el tema debatiendo una ley justa y equilibrada para todos.
Sin embargo simplemente el afán de obtener más recursos (con el argumento de protección de derechos de autor), han hecho que no los artistas, sino que la plana mayor de la SCD (encabezados por el Director el abogado Santiago Schuster y el Presidente de la SCD, Fernando Ubiergo) paralelamente a la discusión formal de la reforma de la ley de Propiedad Intelectual, gestionen acciones enmarcadas en el lobby directo, lo que incluye reuniones con parlamentarios, envío de cartas, registros de dominios en nic.cl , insertos en los diarios (que valen millones de pesos), charlas de todo tipo y, lo que últimamente han hecho es gastar muchas lucas en invitaciones a comer a senadores. Se puede apreciar en la imagen que se acompaña, LA INVITACION FORMAL les llegó a múltiples senadores con el título “Mitin de Primavera, derechos & antiderechos”.
A esta cita finalmente concurrieron 2 honorables, Alberto Espina y Carlos Ominami mas el ministro Viera Gallo. (según comenta Ominami). El primero de ellos habló a favor de los artistas y el segundo, que mencionó la existencia de valores superiores a los “corporativos” fue pifiado por los mismos que lo habían invitado. Patetica reacción frente a una autoridad que va a escuchar para luego concluir.
Cual es la conclusión. Se han gastado millones de pesos en tratar de convencer a los parlamentarios que lo mejor de todo es proteger absolutamente los derechos de autor (como si fueran derechos de propiedad tradicional), todo para lograr sus propios objetivos corporativos, dejando de lado a la sociedad civil. Pésimo.
El caso de la ACTI y Ministro Bitar
Este caso más reciente (ocurrido la semana pasada) parte cuando el senador Navarro logra que dentro de la discusión de la ley de Presupuesto, el senado aprobara una indicación que señalaba :
“…la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. No se podrá adquirir licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de software que se requieran deberán ser adquiridas individualizándose por separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función…”
Esta glosa, aprobada por el senado, posteriormente fue rechazado unánimemente por los diputados y cuando se fue a comisión mixta (de senadores y diputados para resolver la controversia), finalmente se rechazó por 7 votos en contra, 1 abstención y 2 votos a favor de mantener la indicación (del senador Ominami y diputado Tuma). En conclusión, adiós al software libre del presupuesto de la nación 2009.
No es un misterio, por tanto, que apenas se hablara de software libre la ACTI (dentro de la cual se encuentra Microsoft, empresa experta en lobby y que finalmente se vio traducido en el acuerdo marco Microsoft/Gobierno de Chile), reaccionara (con comunicado incluido) en contra de esta propuesta. Sus principales argumentos se basan en que con esta medida habría un “entorpecimiento al proceso de adquisición tecnológica en el sector público”, se “dañaría a la Industria local de software ya existente” y el peor argumento utilizado se “violaría el Principio de Neutralidad Tecnológica del Estado“. (esto, porque dicen que privilegiar el software libre atenta contra libre competencia… se olvidan que en software como sistema operativo existe un monopolio.. pero bueno).
Mi duda principal es saber el porqué todos los diputados rechazaron esta medida aprobada inicialmente por los senadores. Un argumento de peso radicaba en el lobby que hizo la ACTI a los parlamentarios para rechazar esta propuesta. Sin embargo me resistía a creer que todos se alinearían con estos argumentos. Otra posición era que la figura del senador Navarro generaba tantos posibles anticuerpos que la medida introducida por el parlamentarios logró el rechazo de todos los sectores. Tampoco era una idea aceptable. Pero, la mayor sospecha radicaba en lo que el mismo senador Navarro en su blog de la Tercera comentó y que se refería a la existencia de un email de un ministro a algunos diputados, solicitando el rechazo de la glosa.
Finalmente, por diversas vías se supo que el Ministro de Obras Públicas Sergio Bitar había enviado a algunos diputados sus observaciones y en este punto llamaba al rechazo. En este mismo artículo se desliza la posibilidad que gracias a las gestiones del ministro se habría logrado el rechazo de esta medida. Incluso gratuitamente se exige responsabilidad en el asesor del ministro por las decisiones de esta autoridad, lo que me parece un absurdo por exigir responsabilidad por el hecho de un tercero del cual no existe ni dependencia ni subordinación (y es justamente lo contrario lo que ocurre)
En este punto francamente me parece también demasiado paranoico esta idea. Hablando con el diputado Esteban Valenzuela , me comentó que “no hubo carta del Ministro ni lobby directo de ninguna empresa. La opinión de los jefes de comités fue dejar libre cada institución opte por software tradicionales o libres, ya que nadie se los impide, pero no direccionar en ningún sentido”. Una opinión similar la tuvo el diputado Rodrigo González, quien comentó que el problema de la glosa fue que no se entendió ni justificó la medida de implantar el software libre, de ahi que fuera rechazado.
Es por eso que podemos concluir que el fracaso de la introducción del software libre en la Administración Pública no se debe al hecho que sea software libre propiamente tal , ni tan solo al lobby (que efectivamente existió), sino A LA FORMA en que se intentó introducir vía presupuesto 2009. Incluso conversando con varios usuarios expertos de software libre, comentaban que ese fue el error, tratar de implantar la tecnología, en vez de introducirlo gradualmente. Y esa es la experiencia que debemos aprender para saber de que forma podemos lograr obtener la protección o reconocimientos de nuestras pretensiones como sociedad civil.
Sin embargo, no debemos desatender a la actitud de la ACTI y las palabras de Aldo Signorelli , secretario General de la ACTI, cuando decía ante la pregunta si es que estaban haciendo lobby: “Estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la palabra”. No más comentarios al respecto.
Desafío de la Sociedad Civil organizada
¿Qué es lo que finalmente debemos hacer? ¿Debemos denunciar la actividad del lobby siendo que es una práctica habitual , incluso aceptada, por todos los sectores? ¿Debemos denunciar, reclamar, maldecir, alarmar por estas situaciones?
Un viejo adagio dice : ” Si la montaña no va Mahoma, Mahoma va a la montaña. “
Mi opinión es que la Sociedad Civil organizada, ya sea en movimientos, en ONGs, en centros de software libre, comunidades varias, etc. deberían perfeccionar sus técnicas de influencia en las Políticas Tecnológicas. Para ello es necesario tener siempre críticas al sistema, pero también propuestas concretas. Y no solo tenerlas, sino hacerlas oír, ya sea en charlas, encuentros, conversaciones con autoridades, vía campañas reales y virtuales, blogs y portales, medios de comunicación tradicional y online, es decir, copiar las formas de operar del poder económico y optimizarlos, para lograr los objetivos sociales que representamos.
En Liberación Digital estamos a tiempo y lo estamos haciendo. Por el tema del acuerdo SCD/Gobierno de Chile ya hemos demostrado a través de la red nuestra molestia y hemos expresado nuestra opinión. Ahora estamos en reuniones con autoridades, con ministros y parlamentarios, nos han invitado a encuentros del gobierno y estamos gestionando pronto acciones concretas como firmas contra el acuerdo, foros-debate , publicación de libros, tocatas organizadas y muy pronto se hará un llamado a un reclamo real, con pancartas y distribución de afiches con nuestros argumentos (así que atento a la convocatoria).
Solo es necesaria la organización, los argumentos y la persistencia para ser actores válidos sobre todo en los temas que nos incumben. Esto para influir en las Políticas Tecnológicas de Estado que finalmente nos rige y marca el desarrollo tecnológico (y económico) del país.
fuente foto: http://flickr.com/photos/mricci/
Muy ilustrativa tu reflexión, Pedro, y justamente resumiendo los casos puntuales que más han dado que hablar en estos días y que nos mueven a mejorar nuestro accionar en pro de los temas que nos ocupan, y como complemento a tu reflexión, dejo también expresado aquí mi parecer.
Nuestra problemática actual, en relación a la formulación de leyes y su aplicación, se debe principalmente a que el Estado y algunos de nuestros representantes -escogidos por nuestros votos- se están olvidando de un par de conceptos fundamentales: la Democracia y el Bien Común.
Así, si realmente podemos manejar una democracia participativa entonces el Estado debe propender a (parafraseando a Wiki):
Aprovechar las experiencias y las capacidades de todos. La sociedad funciona mediante una red que interrelaciona al gobierno, las diversas comunidades, los grupos de intereses, los sectores y las instituciones. Además, los ciudadanos tienen un conocimiento mucho más íntimo a nivel local de las necesidades de la población que ningún grupo de políticos desde un gobierno altamente centralizado.
Promover la legitimidad. Las instituciones, los organismos sectoriales, las empresas y los gobiernos acabarán por apreciar que tienen mucho que ganar en confianza, apoyo y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen de alguna forma en sus decisiones. Los propios ciudadanos tienen una mayor facilidad de promover iniciativas destinadas a hacer más eficaz el medio en que se desenvuelven.
Desarrollar nuevas capacidades. La participación desarrolla la capacidad de las personas de trabajar en colaboración con los demás, de identificar prioridades y de lograr que las cosas se hagan y los proyectos se realicen. La actividad participativa los convierte así en mejores ciudadanos.
Mejorar la calidad de vida. Las personas que participan en la toma de decisiones son más felices que los que se limitan a aceptar o aplicar las decisiones de otros, debido a que se sienten responsables del mejoramiento de su calidad de vida. Además, la participación brinda al ciudadano una oportunidad de mayor eficacia en la colaboración.
En este sentido, si bien las autoridades predican que todo el pueblo participa en la toma de decisiones, en la práctica ya hemos comprobado que finalmente se termina haciendo lo que apuntan, indican, fuerzan, presionan o exigen aquellos que tienen más dinero y poder por lo que pueden efectuar un “lobby” con mejores resultados.
Por su parte, el Estado debe asegurar un conjunto de condiciones de la vida social que permitan que las asociaciones y cada uno de sus miembros alcancen de manera más fácil e íntegra la perfección que les corresponde, esto es, el Bien Común y que sólo con la colaboración de todos puede ser alcanzado, aumentado y protegido, pues afecta a la vida de todos y exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Por ello, la esencia de la LEY (según Tomás de Aquino): ” (…) no es más que una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. (…) constituyéndose la ley ante todo por orden al bien común, cualquier otro precepto sobre un objeto particular no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena al bien común. Por tanto, toda ley se ordena al bien común.”
Y es aquí, justamente, en donde nuestras representantes legisladores están entrampados. Como han olvidado en el baúl de las promesas su compromiso con la gente que los acomodó en sus puestos actuales, se dedican a promover y a asegurar su posición de privilegio para autoperpetuarse en ellos y se acuerdan de las promesas cada vez que los ciudadanos vuelven a echar mano del único recurso que tienen para hacer que ellos bajen de su nube, esto es: nuestro derecho a voto. Allí, es donde vuelven a recordar desde dónde vinieron, de su idiosincrasia, de su amor por la gente y su tierra, de cómo se puede mejorar esto o aquello… pero ya el daño está hecho, han quebrantado su confianza con la ciudadanía.
Por esta razón, quienes participamos y colaboramos por ese logro del Bien Común para toda la gente vemos con impotencia que nuestras enseñanzas, sugerencias, proyectos, estrategias, reuniones, organizaciones y demás, no tienen eco en las autoridades si no es por medio de la presión, el “lobby”, el cohecho, o aquello a lo que ya algunos se están acostumbrando y mientras no lo obtengan harán oídos sordos de nuestros aportes, advertencias o sugerencias.
Espero, realmente, que de una vez por todas nuestras autoridades adquieran el protagonismo que le compete y que nos merecemos sin tener que estar restregándoles siempre en sus narices que las cosas se pueden y DEBEN hacer de una forma mejor, persiguiendo el Bien Común de TODOS los ciudadanos y no sólo de los pequeños grupos de poder que buscan engrosar sus arcas aprovechándose de la desidia de la gente o de quienes no ejercen presión como la que ellos utilizan.
Saludos a todos los amigos aunados en nuestro punto de encuentro de Liberación Digital.
No vivimos en democracia, el nombre correcto es: lobbycracia gobernar para los que tengan poder.
@wit
Me parece muy valiosa y acertada la reflexión que compartes, sobre todo cuando hablamos de un concepto (el bien común) que es olvidado por algunas autoridades que han llegado al poder ya sea por votos o por designación de quien obtuvo los votos.
Yo creo que lo que has escrito deberían re-leerlo muchas veces para entender sobre los cuestionamientos que hacemos los que participamos voluntariamente en movimientos como Liberación Digital.
En fin, mientras tanto, seguimos haciendo lobby.
@Eduardo
sumémosnos al sistema. Creo que es (por el momento) la mejor solución.