De la Subtel y la conectividad rural garantizada
Publicado el 26 January, 2009 por Pedro Huichalaf Roa bajo Congreso, Gobierno, Industria, Internet, Legal, Noticias, Opinión, Propuestas.
Sin pena ni gloria para la prensa tradicional (salvo un artículo previo), pasó una sesión especial que se realizó el 14 de enero pasado en la Cámara de Diputados que tenía como motivo analizar el proyecto ”Infraestructura Digital para La Competitividad e Innovación” , el cual tiene por objeto a su vez conectar a más del 90% de la población rural a internet banda ancha al 2010. Se espera que la conectividad abarque a 1.474 localidades de Chile con un fondo que llega a los $35 mil millones. Sobre este proyecto ya habíamos conversado aqui.
Fruto de esta sesión, donde hubo intervención del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones junto al Subsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello, por parte del ejecutivo y diversos parlamentarios, como el diputado Rodrigo González, gestor de la sesión, se llegó a un proyecto de acuerdo n˚ 706 (disponible aca) y en la cual se analizó el objetivo del proyecto, el rol que podrían tener infraestructura que son utilizadas por Cooperativas de Agua Potable Rural y en definitiva se solicitó a la Presidenta Bachelet varias medidas al respecto, en las que se destaca la solicitud de paralizar la licitación para un reestudio donde se considere estructura pública y modelos organizativos como las que se da en la FENAPRU, elaborar plan de conectividad para zonas urbanas y que considere las indicaciones enviadas en el proyecto 550 (fruto de la sociedad civil organizada) que aun no han tenido respuesta.
Uno de los parlamentarios más críticos al proyecto de Infraestructura Digital, don Rodrigo González, señala que:
“Todo apunta a suponer que en este concurso de antemano estaban prefigurados sus actores y ejecutores : las grandes empresas predominantes en el mercado de las telecomunicaciones.
En las Bases del concurso se señala que solo podrán participar en el concurso “aquellas propuestas nacionales o regionales y zonales que en forma combinada cubran todas las localidades del concurso, desechándose aquellas que no cumplan con esta condición”.
“Creemos que la licitación ya estaría preasignada, porque ninguna otra compañía, de acuerdo a las bases, tendría las posibilidades de presentar una propuesta como la exigida”
Un antecedente importantísimo a considerar para esta sesión especial fue el piloto realizado por el MOP (y que comentamos) en donde se pudo verificar la posibilidad de otorgar internet a zonas rurales usando torres de agua potable, lo que disminuiría el costo y daría oportunidad a uso de nueva tecnología de conexión como wimax. Así, según lo dicho por el diputado González, el proyecto financiado por FDT apuesta por dotar de conectividad a zonas rurales sin haber atendido a las personas organizadas en dichas zonas. Incluso según un cruce de proyecto y comunidades asociadas al FENAPRU, casi un 25% del proyecto del FDT beneficiaría a estas comunidades que asocian a mas de 1.500.000 personas en total.
Conectividad v/s Modelos de Gestión
Si damos una mirada crítica al actual escenario, por un lado veremos un proyecto del gobierno donde por su intención de dar conectividad nacional, obviamente se da solo la oportunidad a las grandes ISP de participar en este concurso, dejando de lado el ideal de generar competencia para que exista conectividad y bajos precios. Sin embargo, tal como lo dice el mismo subsecretario :
“Este proyecto no tiene ni nombre ni apellido. Lo que busca es llevar internet a lugares que no son atractivos comercialmente y la prioridad es lograr la cobertura del servicio al menor costo posible. No es un instrumento para generar competencia”.
Por otro lado tenemos la actual aparición de la factibilidad de dar conectividad a estas zonas rurales a través de modelos de gestión colectiva, tal como se ofrece en la FENAPRU, pero a través de un nuevo modelo en Chile y que sería el del cooperativismo tecnológico, entendido por algunos como comunidades organizadas como una TELCO (modelo de cooperativismo rural argentino) o como una cooperativa de implementación tecnológica (adonde apuntan nuestros comentarios).
Las dudas que surgen son las siguientes:
¿Será positivo paralizar un proyecto en el cual se ha trabajado por meses en la Subtel, buscando el mejor modelo para asegurar la conectividad a zonas donde jamás llegarán las empresas a ofrecer sus servicios porque no les convienen económicamente?
¿Cuál es el papel y rol activo que tienen las comunidades de agua potable en la conectividad de zonas rurales y que son los beneficiarios más o menos directos de estas iniciativas del gobierno?
¿Cómo podemos reunir a los diversos actores presentes, ya sea la SUBTEL, el MOP, la FENAPRU, organismos técnicos proveedores de conectividad, las ISPs, etc y llegar a un plan estratégico que genere concenso por el beneficio de todos los sectores, especialmente a las zonas rurales?
Mi visión personal, luego de revisar el proyecto de Infraestructura Digital, de escuchar los planteamientos de los diputados, lo que opina la FENAPRU y el MOP , es que una solución bastante salomónica sería generar un programa o proyecto paralelo al actual y que sea complementario del mismo, pero diferente en un aspecto… respecto a la administración del servicio de conectividad. Existe la figura de “servicios limitados” (modelo que no aplican en el actual proyecto del FDT), en donde las comunidades se organizan y ellos reciben el subsidio directo del Estado para mantener un servicio de conectividad. Esto significaría que las comunidades contratarían el servicio de las ISP, pero se encargarían de instalación y mantención de las redes, en la llamada última milla, lo que disminuiría los costos, toda vez que no se buscaría el lucro sino el beneficio de las personas. Y esta figura sería complementario al actual proyecto, toda vez que si se concreta éste, habría más puntos de conectividad cercanos a estas comunidades, lo que reduciría a un más los costos de conectividad e implementación del mismo, puesto que si no existieran estos “puntos cercanos” el valor de esta conectividad y su menor calidad aumentarían considerablemente.
Habrá que esperar el éxito de estas reuniones y las soluciones que de ahi se generen.
Interesante, pero preocupante. Al leer lo que cuentas, me da la sensación de que a nuestra clase política simplemente le falta “mapa” cuando se trata de proyectos y necesidades que no son compatibles con la extrema neoliberalización. Ya hemos tenido casos en que los privados -que viven de la intermediación entre red y usuarios- no han querido participar en proyectos de conectividad de orientación social por no considerarlo negocio. Eso es simplemente lógico, no debería sorprender.
Cuántas veces más tenemos que pasar por ese vergonzoso proceso para que la autoridad comprenda que es mejor crear infraestructura pública de conectividad? Qué pasa que no podemos confiar en que el estado puede dar buenos servicios? Hay buenos ejemplos: nuestro correo estatal, hasta antes de ser parcialmente privatizado, era excelente. Desde que pasó lo de los colegios, el plan debió ser crear un ISP estatal, que atienda en esas zonas donde los privados no quieren o pueden dar servicio. Una vez implementada dicha entidad, se podría negociar desde un mejor pie para dar -en conjunto con los privados- servicios básicos gratuitos de Internet a toda la población, inalámbricamente, de la mano de un plan para informar y educar acerca de cómo usar dicho servicio.
Echar pie atrás la actual licitación del proyecto “Infraestructura Digital para la Competividad y la Innovación” no creo que esté en ningún escenario del gobierno, prueba de ello es el respaldo que tuvo el Subsecretario Bello de parte de su Ministro, de Hacienda y Economía, que cerraron filas durante la sesión con la Comisión en la Cámara de Diputados. Congelarla para una revisión implicaría devolver la plata a Hacienda y probablemente al final no se haga nada para un corto plazo, siendo un proyecto que es insigne en los planes de la Presidenta Bachelet[1].
Este proyecto [2] implicaría garantizar un entry-level en casi 1500 localidades del país, que fueron escogidas según criterios de los gobiernos regionales, instituciones públicas (Minagri, Sercotec, Sernatur) donde por un plazo de diez años se garantizará un servicio de acceso a Internet a condiciones y precios similares a los disponibles en las capitales regionales, a través de subsidios cruzados. Y tan importante como eso, a través de otro concurso complementario, extenderá los ramales de fibra óptica a la ruralidad, configurando la “espina de pescado” que permitiría en el futuro sustentar nuevas interconexiones de gran caudal de datos en las zonas rurales aledañas a las actualmente beneficiadas con la primera versión de “Infraestructura Digital para la Competitividad y la Innovación”.
Por supuesto que este concurso no soluciona la imposibilidad de pago del servicio (que sería de alrededor de 15 mil pesos por 1 megabits por segundo de caudal de datos en descarga, según bases) de la mayor porción de población que vive en las localidades rurales, cuyos ingresos son en promedio incluso menores a sus pares en las zonas urbanas, y para quienes el déficit de servicios de telecomunicaciones es un handicap adicional a la carencia de servicios adecuados de salud, transporte, comercio, educación, entre otros, caros y lejanos.
Pero la situación persistiría como crítica para aquellas localidadades que “quedaron fuera” del concurso 2008-2009 de “Infraestructura Digital…”, y que probablemente tampoco sean incluidas en su siguiente versión, que contaría con muchos menos recursos, y que para ser sustentables, bajo el modelo de subsidio a la oferta, tendrían que ser prácticamente subsidiados en su totalidad por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a un costo enorme.
Así, resulta completamente pertinente y necesario buscar e innovar con modelos que puedan complementar el modelo vigente, y aquí concuerdo con Pedro Huichalaf en decir que estos proyectos y servicios tienen que aprovechar las capacidades instaladas y potenciales para la gestión de servicios, donde destaca la organización de las cooperativas y servicios de Agua Potable Rural. Pensar en su asociatividad con socios tecnológicos que puedan apoyarlos en la implementación de la infraestructura y capacitarlos para la operatoria de un servicio de telecomunicaciones puede ser una estrategia virtuosa, que permitiría la extensión de las redes locales a la ruralidad profunda, proyectos que bien podrían ser financiados por fuentes como los fondos regionales de desarrollo (FNDR), el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sumar actores claves, como los municipios y aportes de la empresa privada.
Ahora, la iniciativa de Internet Gratis que propone Ignacio Rodríguez es revolucionaria, y expresa un modelo muy virtuoso, pero requiere una acumulación de voluntades dentro de la sociedad que impulsen este cambio de paradigma que significa alinear las tecnologías y los derechos ciudadanos, para equilibrar proponiendo el Estado nuevas reglas de juego, donde los recursos electromagnéticos del espectro sean concedidos generosamente y permitan nuevos usos y aplicaciones, pero sobre todo, la expresión de la humanidad, de la ciudadanía y de la identidad virtual de manera generalizada entre la población de Chile.
Los cambios que se requieren exigen un activismo ciudadano, un cabildeo y exposición a las autoridades y tomadores de decisión (porque hay muchos que tienen una “cascara” de idea pero mezclan peras con manzanas), pero también audacia en la búsqueda de soluciones que nos permitan desarrollarnos, para crecer de manera sustentable, una deuda crónica de este modelo vigente. O inventamos, o erramos
En el programa de radio/podcast Conexión Social, que se realiza todos los martes de 19 a 20 horas, sobre Nuevas Tecnologías y Derechos para la Libre Comunicación, Cultura y Conocimiento [3] venimos haciendo un seguimiento a la problemáticas y propuestas sobre la brecha digital de conectividad, y creemos que existe una oportunidad para el debate y la comunicación de ideas al respecto.
saludos
Eric Báez
[1] http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20071105/pags/20071105165742.html
[2] http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20081001/pags/20081001172617.html
[3] http://www.conexionsocial.cl
Ignacio.
Comparto al 100% la idea de crear una Infraestructura Pública Digital (IPD). De hecho lo habíamos comentado con anterioridad al referirnos a la problemática central que tú indicas… a las empresas no les interesan los proyectos sociales si no les son rentables. Eso genera un grave problema porque aceptan solo proyectos que benefician sus intereses y el Estado no puede exigir mucho al no existir interesados.
Sin embargo, para tener este concepto de IPD necesariamente debemos reformar varias institucionalidades y normativa, sobre todo en Telecomunicaciones. Sería el fin del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones porque su objetivo actualmente es distinto al de una IPD. O se podría (es mi pensamiento), reformar el FDT para cumplir un doble rol. Financiar proyectos de conectividad, pero manteniendo el control de la infraestructura. Asi se generaría competencia en la última milla, más beneficiados (no solo personas, sino organismos públicos como escuelas, bomberos, carabineros, etc) y costos más bajos, porque cada nuevo proyecto tomará como base la infraestructura previa y que es de dominio del Estado.
Si notas, la propuesta planteada difiere a la de ser ISP nacional. Esto porque la idea, que también me parece interesante, choca contra el muro de la Constitución y que prohibe que el Estado realice actividades comerciales, como empresa, en sectores donde existen entidades privadas (de quien será ese legado?)
Crees tú que existiría “voluntad política” para reformar la constitución o que no saltarán sectores neoliberales? complejo.
Eric.
Nada más que aportar a tu comentario. Digno de un post.
Comparto plenamente lo dicho.
Ahora, para ambos.. y todos… creo que debemos además de proponer, generar esta necesidad y apoyar la idea por todos los sectores y actores. Solo así se podrán hacer cambios reales. Sino.. mantendremos la figura de “financiar” las obras de conectividad a empresas privadas con recursos del Estado por otros 10 años más.