Con motivo de la discusión que tiene lugar en el Congreso para modificar la ley de propiedad intelectual, se ha introducido una indicación parlamentaria que viene a establecer lo que denomina un sistema de “remuneración” por copia privada de las obras musicales y videogramas. Se trata de un pago a favor de los autores e intérpretes, ejecutantes y productores de tales obras. Para ello, los fabricadores e importadores de soportes y sistemas de grabación, así como quienes los ofrecen y aún los mismos usuarios estarán obligados a pagar un sobreprecio por la circulación de estos dispositivos. El monto de tal sobreprecio será determinado unilateralmente por la entidad de gestión colectiva de derechos de autor.

Salta a la vista que más que constituir una remuneración, lo que se encubre es el establecimiento de un verdadero “impuesto”, un tributo que grava la tecnología en beneficio de ciertas personas. Por ello, tal iniciativa es inconstitucional: primero, porque un proyecto de ley sobre la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y no de un parlamentario; segundo, porque nuestra Constitución prohíbe que los tributos queden afectos a destinos determinados, esto es, prohíbe establecer impuestos a favor de un grupo de personas, tal cual sugiere la iniciativa; y, tercero, porque el proyecto faculta a una entidad privada para que fije el monto de este impuesto, lo cual debía ser fijado por la propia ley.

El fortalecimiento de la cultura y las artes no puede realizarse a través del establecimiento de un impuesto como el indicado, que no sólo socava el acceso a la cultura y a la tecnología, sino que menoscaba nuestras garantías constitucionales y nuestro desarrollo tecnológico. Es de esperar que tal iniciativa no pase de ser un triste episodio legislativo, y que no se concrete en ley.

Disponible versión electrónica del informe presentado por ONG Derechos Digitales en relación con el proyecto de ley en general y minuta de sobre la indicación parlamentaria para establecer un impuesto por copia privada.

Alberto Cerda Silva
Director de Estudios
ONG Derechos Digitales