NOTA: algunos contenidos están actualizado en un nuevo post: Actualización sobre el voto de Chile en torno al OOXML.

En el Acta N1 del Comité Espejo coordinado conjuntamente por el INN y la CCE para analizar y discutir en torno a la homologación del estándar ECMA 376 como norma ISO 29500, se ha acordado que el INN delega las funciones de la Secretaría Técnica del Comité con Carlos Recabarren (Presidente del CCE) como Presidente del comité.

En este comité se tomará la decisión del voto que emitirá Chile los días 25-29 Febrero del 2008 en Ginebra, Suiza, para decidir si el formato Office Open XML (OOXML) debe ser estándar ISO 29500.

Con José Antonio Barriga, el National Technology Officer de Microsoft Chile, como parte del directorio de la CCE, es difícil confiar en la neutralidad de la decisión del comité.

Si bien la supuesta intención es darle eficiencia sin perder pluralidad, vemos que el comité está compuesto, hábilmente, por 3 “agentes” de M$, más otras agrupaciones comerciales asociadas al gigante, lo que implica que el imputado decide su propio juicio.

Estamos contra el tiempo para impugnar esta truculenta movida porque el voto se decide el Martes 15 de Enero en la última reunión de este comité, y lo más probable es que el voto Chileno termine siendo “Aprueba” a pesar de que en Septiembre, Chile presentara 217 observaciones al estándar, ubicándose entre los países que más presentara, y sin embargo votó Abstención.

El voto sería de aprobación ya que como se puede ver en las Actas del comité (por qué no están las 2 últimas?), M$ hábilmente ha logrado que las observaciones sean ignoradas.

LLAMADO URGENTEDifundan esta información a toda la red lo antes posible para decir NO AL ESTÁNDAR ROTO OOXML

Casi toda la información del desarrollo del trabajo del comité está en http://www.ccechile.org/eventos/2007/comite_espejo.php , ayúdanos a detener la red de influencias del pulpo, porque esto no es justo y técnicamente correcto.

Se necesita contactar a la mayor cantidad posible de sitios y personas idóneas técnicamente en contra del formato como estándar, y sobretodo alertar a los observadores internacionales que se preocupan de la transparencia del proceso en todo el mundo.

IMPORTANTE : Con éste formato hecho estándar + el acuerdo ya firmado con M$, estamos fritos, porque la empresa puede ofrecer pasar toda la documentación actualmente ilegal del Estado (almacenada en .DOC, .XLS y .PPT) a OOXML, y pasará a ser legal! ahorrando un alto costo monetario al Estado, pero un altísimo costo social a los chilenos.

La motivación de este post entonces, es juntar unas vez más los variados argumentos que se han ido desarrollando para que de una vez por todas el gobierno se haga eco de nuestras demandas y lo anule.

Traté de reunir la casi totalidad, sino el 100% de las críticas con argumentos y también lo que se ha dicho al respecto aquí y en otros sitios, pero sería bueno que me ayudaran a recordar todo lo que se ha dicho en cada uno de nuestros comentarios para así completar los antecedentes.

Parte y contraparte del acuerdo

• La UE multa a Microsoft en 497 millones de euros por prácticas comerciales monopolistas en 2004. En palabras del Ministro Ferreiro, “no siempre el mejor prestigio de esta empresa en algunas partes del mundo”.
• El señor José Antonio Barriga (National Technology officer Microsoft) dijo, en el marco de la celebración del día del software libre en la sede Alonso Ovalle del DUOC-UC, que fue el autor intelectual del acuerdo. Es decir, en la Estrategia Digital, ha estado el gato cuidando la pescadería. Recordemos que esto ya lo detectó Rodrigo Hollmann en otro convenio y en otro más, y no pasó nada con los Honorables.
• Barriga indicó también, que su empresa estaba cambiando y que ahora sí que iban a hacer las cosas bien. Sin embargo, la empresa no ha modificado sus estrategias comerciales.
• El señor Carlos Osorio, experto en innovación de la U. Adolfo Ibáñez¹, quien fuera asesor del Ministro Ferreiro y reconociera trabajar en parte del acuerdo en la declaración pública que gatilla la carta de los 7 doctores, publicó en el año 2002 un paper llamado“A contribution to the understanding of illegal copying of software: empirical and analytical evidence against conventional wisdom” , que luego de ser explicado a sus colegas al ser increpado en términos de moral científica, seguramente ha ayudado a las empresas a ser responsables socialmente…
• El Becta (British Educational and Technological Agency), organismo del gobierno británico, ha interpuesto hace unos días atrás, una queja contra Microsoft en la OFT (Office of Fair Trading, Oficina de Comercio Justo) por presuntas prácticas anticompetitivas de la multinacional estadounidense en el mercado de software para las escuelas, en relación a la aproximación de Microsoft a la interoperabilidad de documentos (fuente Kriptópolis). El Organismo gubernamental británico recomienda a las escuelas que no adquieran ni renueven licencias de Microsoft. Así se entiende el impacto en educación de las TICs en algunas partes del mundo.

Compromisos

• El acuerdo sí requiere compromiso estatal; lo han demostrado 7 doctores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
• Para el Senador Alejandro Navarro, resulta incoherente que el Estado disponga de más recursos para la compra de software que el presupuesto disponible para los 200 municipios más pobres del país, un 57% del total nacional (fuente El Francotirador). Por lo menos alcanzará (la suma es superior a los 7.000 millones de pesos este año) para capacitar a los empleados públicos en OpenOffice.org (herramientas Ofimática de código abierto, distribución gratuita y formato estándar), evitando el costo de M$ Office para siempre.
• En el acuerdo M$ se compromete a poner a disposición una “oferta” que incluirá el sistema operativo Windows Vista Home o Business Edition. Pero la Unión Holandesa de Consumidores reclama XP gratis para los usuarios insatisfechos con Vista (fuente Kriptópolis), basándose en que, en un plazo de 5 semanas, la organización recibió más de 5.000 quejas de consumidores sobre Windows Vista, relacionadas sobre todo por la falta de compatibilidad con aplicaciones y periféricos. Microsoft ha puesto en marcha un plan de “downgrade” para las versiones Business y Ultimate de Windows Vista, lo que deja fuera a la inmensa mayoría de los usuarios domésticos, y podría suponer un trato desigual para éstos (al igual que para los 2 primeros planes de los 3 que ofrece MiPymeAvanza).
• Como lo ha establecido el CADCC en su carta pública, es de especial importancia analizar no sólo los costos directos, sino también los tecnológicos indirectos y los sociales adjuntos a las elecciones tecnológicas realizadas. A la luz del acuerdo, el gobierno claramente no ha determinado los costos indirectos que significa condicionar a la ciudadanía a usar una sola solución tecnológica para realizar sus trámites públicos on-line. Microsoft no provee interoperabilidad y es evidente que no va a donar su software a toda la población, a menos que se quiera que existan muchas copias ilegales.
• Según destacan los doctores en su carta, entre los cuales está el director del clcert, es relevante señalar que en el acuerdo local celebrado entre MS con el Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Computacional (CLCERT) de la Universidad de Chile -15 de enero de 2007- sobre materias puramente técnicas, no se explicitó que este sería usado por MS para lograr un acuerdo mayor con el Gobierno. El Estado no funciona sólo sobre software M$; qué ocurrirá cuando los fallos no sean responsabilidad de productos de la empresa? O es que no habrá preocupación por la seguridad hasta que todo el software sea M$? qué es lo que se piensa en algunas partes del mundo de la seguridad que proveen los productos M$ y que garantizarían nuestra seguridad nacional? y qué seguridad sienten los usuarios de algunas partes del mundo con los productos M$?

Al menos con esto sobre la mesa, los invito una vez más a decir NO AL ACUERDO, y completar el 100% de las críticas con fundamento.

Y a aquellos que aún no han firmado, pues háganlo.

Saludos a todos los santos de LD.

PD: Si no hay respuesta, la próxima es El Acuerdo Revolutions

1: Me imagino que entenderán por qué esta Universidad está nominada para el Consejo Consultivo en el borrador de la Estrategia Digital.

Dado un aumento en el valor de mi conexión a Internet en el plan de 300kbps, se me ocurrió verificar si efectivamente tenía mi conexión la capacidad que se me indicaba y cobraba, por lo que recurrí, además de al medidor de mi proveedor (www.vtr.cl/velocidad/index.php), a un par más obtenido en google, con lo cual me dí cuenta que no era el primero una vez más (esto me pasa siempre que quiero ir al supermercado un fin de mes, o de vacaciones un 31 de Enero, o me quiero subir a una micro a las 7 de la tarde,… debe ser por estar en la (clase) media).

En fin, el único que arrojó la medición correcta fue (¿sorprendentemente?) mi proveedor.

Después de enviar una carta adjuntando las capturas de pantalla de los resultados obtenidos en mi KDE (fácil y bien logradas con Ksnapshot), a través del canal regular, cuya respuesta fue al día siguiente, logré que “se ha(ya) realizado un procedimiento interno en sistema, por lo tanto se ha(ya) actualizado la conectividad”.

Este tipo de negligencias para las cuales no hay una buena legislación, no me permiten indemnizarme por algo que no tengo desde hace 1 año, a pesar de que lo pagué siempre, sólo porque, ingenuo, no se me había ocurrido revisar con otros medidores de velocidad, sino sólo con el de mi proveedor.

Y ya ampliando el tema, hay más, hay otras características del servicio que dan algunos proveedores que no son muy bien vistos por los usuarios, como restringir la navegación sólo a algunos puertos para evitar que se usen herramientas peer-to-peer o servidores de correo, o tener virus en los servidores por tan largo tiempo que la red está infestada de gusanos y es imposible instalar los parches de seguridad durante la instalación de Winbug, sin los cuales no se puede estar protegido contra ellos! (si no me creen pregúntenle a mi hermana), o a tener configurados los resolvers DNS con prácticas ampliamente no recomendadas, y así, un largo etcétera.

Ahora, hay que reconocer que algo hacen para preocuparse de la atención y de la interoperabilidad. No es muy útil, pero podemos aprender cómo poner la página de inicio de nuestro browser hacia su sitio.

El caso como verán, tiene varias aristas y seguro que no sé alguna o se me olvida. Y en ese sentido abre varias interrogantes, por tanto los puntos que me gustaría que ayudasen a debatir serían (al menos):

• Junto con la implementación de conectividad para una serie de proyectos públicos, el Estado estará pensando en requerir algún grado de calidad del soporte suministrado (supongo que se pedirá soporte al menos). Bajo qué condiciones?
• Desde un punto de vista de interoperabilidad, podrá un ISP negarse a dar el soporte correspondiente a determinada(s) plataforma(s) como lo hacen hoy en día?
• Está pensado en la Estrategia Digital tomar posición para garantizar la neutralidad en el acceso a Internet, de modo que la calidad de mi conexión contratada no sea sólo en el dominio de mi proveedor?
• Qué va a pasar cuando se masifique la telefonía IP y la TV Digital? vamos a seguir teniendo el tipo de protección al consumidor que tenemos? el Estado seguirá al margen esperando que el Mercado lo resuelva?
• Es suficiente la imparcialidad informada como criterio para evaluar tecnologías cuando es la calidad de los servicios asociados los que afectan a la gente?

Por qué lo planteo? porque el borrador pone una vez más a una comisión de ministros cuyos cargos son políticos, con mucha experiencia en ello no lo niego, pero cuyo papel es decidir, al igual que en la Conama y otros organismos públicos, por sobre las recomendaciones técnicas específicas, sin importar si un experto ha dicho con toda su competencia, que el proyecto no debe ejecutarse.

La Estrategia no está implementada, pero lamentablemente nuestra clase política está acostumbrada al lobby (no les extrañe la presencia de Tironi en el Consejo asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad), y esa costumbre más la estructura de los partidos políticos, nos ha acarreado más de una mala decisión.

No soy para nada partícipe de la Tecnocracia, pero sí creo que el mérito técnico es necesario para la Democracia, así es que, como ha sugerido Cristian Vásquez en el citado comentario, y siguiendo nuestro planteamiento de la necesidad de una institución multidisciplinaria y suficiente para la Estrategia, tratemos de que los políticos no tengan tanto poder para echar a perder las cosas con eventuales cuoteos y alianzas empresariales de dudosa responsabilidad social, y sí puedan aparecer personas de mérito que hagan carrera pública, civil o privada más allá de un gobierno, capaces de tomar decisiones de largo plazo.

El año pasado los estudiantes lograron una mesa un poco más horizontal para modificar la LOCE, Liberación Digital debiera proponer al menos lo mismo: que de una vez por todas las decisiones que nos competen a todos se empiecen a tomar con la sociedad no en una mesita por aquí y otra por allá disgregados, sino con todos los representantes que tienen competencias que aportar dialogando para el desarrollo. No puede ser que los estudios técnicos sean tomados como si el autor fuese el consejero de un rey que hace lo que quiere.

Por otro lado, el borrador no tiene propuestas técnicas concretas, y eso tiene una oportunidad y una falencia. La oportunidad es que nosotros podemos poner de nuestra parte, la falencia es que si del otro lado nadie las recoge correctamente, no servirá de nada, y así como lo ha planteado el MINECON con su canal unidireccional, no parece que vayamos a tener mucha participación real.

Será muy off-topic el tema?

Saludos a todos.

Primero que nada, son cosas distintas lo suficientemente amplias para ser abordadas por separado. En segundo lugar, Propiedad Intelectual es una denominación confusa y por tanto no es un buen acercamiento al tema, que debiera ser a mi juicio profundizado. Para ello les dejo a continuación el punto de vista de Richard Stallman traducido al castellano. Ojalá pueda aportar al II Encuentro de Derecho y Tecnologías.

En tercer lugar, la definición de Delito Informático intersecta otro gran tema que no se aborda mucho en el borrador con la relevancia que debiera: la Seguridad Informática. Se han dado argumentos suficientes (por ejemplo aquí o aquí), pidiendo que se empiecen a tomar medidas serias para el resguardo de la información que manipula el aparato público. El tema es esencialmente un problema de capacitación del personal, no hay sistema que resista actitudes irresponsables de parte del usuario, y al parecer no hay intenciones de ponerle el cascabel al gato como política interna del aparato estatal.

Volviendo al tema que me aboca, invito a los artistas chilenos que puedan estar interesados, a que desde el punto de vista siguiente analicen lo que pretende la SCD con la implementación del canon en nuestro país.

Y a ver si a través de artistas como Radiohead se inspiran más creativamente.

Saludos a todos.

¿Ha dicho «propiedad intelectual»? Eso sólo es un espejismo seductor

Por Richard M. Stallman

Se ha puesto de moda meter en el mismo saco a los derechos de autor, las patentes y las marcas (entidades separadas y distintas reguladas por conjuntos de leyes separados y distintos) y llamarlas «propiedad intelectual». Esta expresión confusa y engañosa no ha surgido por casualidad. La han promovido empresas que se benefician de la confusión. La mejor manera de aclarar esta confusión es rechazar la expresión completamente.

Según el profesor Mark Lemley, ahora de la Stanford Law School, el uso generalizado del término «propiedad intelectual» fue una moda pasajera que siguió a la fundación de la Organización Mundial de la «Propiedad Intelectual» en 1967, y sólo se ha vuelto verdaderamente común en los últimos años. (La OMPI es formalmente una organización de la ONU, pero de hecho representa los intereses de los titulares de derechos de autor, patentes y marcas.)

La expresión tiene un sesgo, que no es difícil de ver: sugiere que pensemos en los derechos de autor, las patentes y las marcas por analogía con los derechos de propiedad sobre los objetos físicos (Esta analogía está reñida con la filosofía de la legislación de los derechos de autor, la de las patentes y la de las marcas, pero sólo los especialistas lo saben.). De hecho, estas legislaciones no se parecen mucho a la legislación de la propiedad de los objetos físicos, pero el uso de esta expresión induce a los legisladores a cambiarlas para que sean más parecidas a esta última. Como este es el cambio que quieren las compañías que controlan los derechos de autor, las patentes y las marcas, la expresión les viene muy bien.

Este sesgo es un motivo suficiente para rechazar la expresión, y muchos me han pedido que proponga algún otro nombre para esta categoría, o han propuesto sus propias alternativas (algunas humorísticas). Tales sugerencias incluyen IMP (Imposed Monopoly Privileges, Privilegios de Monopolio Impuestos) y GOLEM (Government-Originated Legally Enforced Monopolies, Monopolios de Origen Gubernamental Garantizados Legalmente) [1]. Algunos hablan de «regímenes de derechos exclusivos», pero esto refiriéndose a las restricciones como «derechos», con un doble sentido.

Algunos de estos nombres alternativos serían una mejora, pero es un error sustituir «propiedad intelectual» por cualquier otra expresión. Un nombre diferente no se ocuparía del problema principal de la expresión: la generalización excesiva. No existe esa cosa unificada que se llama «propiedad intelectual», es un espejismo. El único motivo por el que la gente cree que tiene sentido como una categoría coherente es porque así lo da a entender su generalizado uso.

La expresión «propiedad intelectual» es como mucho un cajón de sastre donde meter leyes dispares. Los profanos que oyen cómo se aplica una sola expresión a estas legislaciones diferentes tienden a asumir que están basadas en un principio común, y funcionan de forma parecida.

Nada más lejos de la realidad. Estas leyes se originaron de forma separada, se desarrollaron de forma diferente, regulan actividades diferentes, tienen normas diferentes y suscitan cuestiones políticas diferentes.

La legislación sobre los derechos de autor fue diseñada para promover a autoría y el arte, y se aplica a los detalles de la expresión de una obra. La legislación sobre las patentes iba dirigida a animar a la publicación de ideas útiles, al precio de dar un monopolio temporal sobre ella, un precio que puede merecer la pena pagar en unos campos y no en otros.

La legislación sobre marcas, en cambio, no estaba destinada a promover ninguna actividad en particular, solo a permitir a los compradores saber qué están comprando. Sin embargo, los legisladores bajo la influencia de la «propiedad intelectual» la han convertido en un esquema que proporciona incentivos a la propaganda.

Dado que estas leyes se desarrollaron de manera independiente, son tan diferentes tanto en todos sus detalles como en sus métodos y sus objetivos básicos. Así pues, si aprende algo sobre la legislación de los derecho de autor, lo mejor será que asuma que es diferente de la ley de patentes. Seguramente no se equivocará.

La gente suele decir «propiedad intelectual» cuando en realidad se refieren a otra categoría, más grande o más pequeña. Por ejemplo, a menudo los países ricos imponen leyes injustas a los países pobres para sacarles el dinero. Algunas son leyes de «propiedad intelectual» y otras no; sin embargo, los críticos de esta práctica a menudo se agarran a esta etiqueta porque les resulta familiar. Usándola tergiversan la naturaleza de la cuestión. Sería mejor usar una expresión más precisa, como «colonización legislativa», que va al meollo del asunto.

Los profanos no son los únicos confundidos por esta expresión. Incluso profesores de derecho que enseñan estas leyes son seducidos y distraídos por el atractivo de la expresión «propiedad intelectual» y hacen afirmaciones generales que contradicen hechos que conocen. Por ejemplo, un profesor escribió en el 2006:

«Al contrario que sus descendientes que ahora hacen contactos en la OMPI, los padres de la Constitución de EE.UU. tenían una actitud basada en principios y procompetitiva hacia la propiedad intelectual. Sabían que los derechos podían ser necesarios, pero… le ataron las manos al congreso, restringiendo su poder de muchas formas.»

Esta cita se refiere al artículo 1, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de EE.UU., que autoriza las leyes de derechos de autor y las de patentes. Esta cláusula, sin embargo, no tiene nada que ver con las leyes de marcas. La expresión «propiedad intelectual» llevó a este profesor a una generalización falsa.

La expresión «propiedad intelectual» también conduce a un pensamiento simplista. Lleva a la gente a centrarse en la exigua parte común en la forma de estas leyes dispares (que crean privilegios especiales para ciertas partes) y a ignorar su esencia: las restricciones específicas que cada impone al público y las consecuencias que resultan. Centrarse de manera tan simplista en la forma favorece un enfoque «económico» de todas estas cuestiones.

La economía funciona aquí, como otras muchas veces, de vehículo para suposiciones no comprobadas. Estas incluyen suposiciones sobre valores, como que la cantidad de producción es importante pero la libertad y el modo de vida no, y dar por sentado hechos que son falsos la mayoría de las veces, como que los derechos de autor de la música ayudan a los músicos o que las patentes farmacéuticas ayudan a la investigación para salvar vidas.

Otro problema es que, a la escala tan amplia de la «propiedad intelectual», las cuestiones concretas planteadas por estas legislaciones variadas se vuelven casi invisibles. Estas cuestiones surgen de las particularidades de cada legislación, precisamente lo que la expresión «propiedad intelectual» induce a la gente a ignorar. Por ejemplo, una cuestión relacionada con la legislación de los derechos de autor es si debería permitirse el compartir música. La legislación de patentes no tiene nada que ver con esto. La ley de patentes suscita cuestiones como la de si se debería permitir a los países pobres producir medicinas para enfermedades mortales y venderlas a bajo precio para salvar vidas. La legislación de los derechos de autor no tiene nada que ver con esto.

Ninguna de estas cuestiones es solo de naturaleza económica pero no son similares, y cualquiera que las vea desde las perspectivas económicas superficiales de la generalización excesiva no podrá captar las diferencias. Si usted mete ambas legislaciones en el saco de la «propiedad intelectual» verá que eso obstruye su capacidad para pensar claramente sobre cada una.

Así pues, cualquier opinión sobre «la cuestión de la propiedad intelectual» y cualquier generalización sobre esta supuesta categoría son estúpidas con toda seguridad. Si usted cree que todas estas legislaciones se refieren a la misma cuestión, tenderá a elegir sus opiniones entre una selección de sobregeneralicaciones acaparadoras, ninguna de las cuales es buena.

Si quiere pensar con claridad sobre las cuestiones suscitadas por las patentes, los derechos de autor o las marcas comerciales, el primer paso es olvidar la idea de agruparlas todas juntas y tratarlas como asuntos separados. El segundo paso es rechazar el punto de vista estrecho y el panorama simplista que sugiere la expresión «propiedad intelectual». Considere estas cuestiones separadamente, en su totalidad, y tendrá la oportunidad de considerarlas correctamente.

Y en lo que se refiere a la reforma de la OMPI, entre otras cosas, hagamos un llamamiento para cambiar su nombre.

[1] N. del T.: «imp» significa en inglés «diablillo» y un «golem» un ser mitológico hebreo.

Copyright © 2004, 2006, 2007 Richard M. Stallman
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Navegando por el sitio del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado me encuentro con que en este momento hay una cumbre en Santiago convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con la colaboración de la Red de Gobierno Electrónico de la OEA (RED GEALC) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual “Avanzarán en Estrategia común de Interoperabilidad para América Latina y El Caribe“. Gran iniciativa, sin duda.

Navegando un poco por el sitio de la Red GEALC, observo que Chile participó en el Tercer taller temático BPR: “Interoperabilidad e Intranet Gubernamental“, y me encuentro con lo siguiente: nuestro país participó a través del Director de Compras y Contratación Pública Tomás Campero, pero lo increíble es que su nombre lo encuentro en un único archivo XLS (con macros) que incluye la lista de los participantes al taller, un taller donde se habla de interoperabilidad! Será que hay más de un concepto de interoperabilidad? O en realidad esta lista no importa tanto?

Tercer Caso de Uso

Por otro lado, en la portada del mismo sitio del MINSEGPRES, se puede ver un link hacia el libro “Buenas Prácticas en Probidad, Transparencia y Acceso a la Información” que reune un conjunto de proyectos desarrollados en esa linea, premiados y calificados por un jurado. Otra gran iniciativa, sin duda.

En el Prologo del libro declara la propia Presidenta: “Los ciudadanos y ciudadanas quieren saber, detestan desconfiar, les indigna sentirse mal atendidos o que no se cumplan las promesas. Esa energía puede ser una gran fortaleza. Puede ser la fuerza y el impulso para una era de mayor transparencia pública, más responsable y por ende, más democrática.

El gobierno, el parlamento, los gobiernos locales, los jueces, la sociedad civil, las empresas, los estudiantes, los ciudadanos, todos estamos llamados a esta tarea.”

Más adelante, en la Introducción, Rafael Blanco Suárez, Secretario Ejecutivo Agenda de Probidad y Transparencia de la Presidencia de la República, declara: “En relación a las acciones emprendidas por el Ejecutivo en materia administrativa, destacan las siguientes:
Dictación del Instructivo Presidencial Nº8 sobre transparencia activa. Este instructivo establece la obligación de los distintos servicios del Estado de informar a través de sus respectivas páginas web, un conjunto de información de relevancia pública en materia de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, personal, transferencias, actos y resoluciones, y organización y atribuciones.”

A continuación, el primer premio a las “Buenas Prácticas en Probidad, Transparencia y Acceso a la Información en la Administración del Estado” se lo lleva la “Dirección de Compras y Contratación Pública” con su “Panel de Indicadores de Transparencia”. Sin embargo, al describir un poco el software: “El Panel de indicadores de Transparencia se encuentra en la aplicación escritorio del computador de cada autoridad máxima de los organismos públicos que operan en el sistema de compras www.chilecompra.cl.”, es decir, ni los jueces, ni la sociedad civil, ni las empresas, ni los estudiantes, ni los ciudadanos, tienen acceso al panel. Dónde está la transparencia entonces? cómo podemos fiscalizar?

Por qué no podemos saber hasta 5 años después lo que ocurre en chilecompra? No va esto en contra del Instructivo Presidencial Nº8?

Pues cumplamos con la tarea, a saber y a opinar!
Saludos a todos

Señora

Michelle Bachellet Jeria

Presidenta de la República de Chile

Estimada señora Presidenta,

Me dirijo a usted en mi calidad de ciudadano; mi nombre es Rodrigo Acosta Larenas. Soy estudiante de quinto año de la carrera de Cine Video y Televisión, y durante el transcurso del presente año 2007 he estado trabajando en mi proyecto de tesis; el que siempre fue concebido con un fuerte enfoque en lo social. Con esto en mente decidí abordar la temática de la televisión digital. El estudio apunta a crear un conocimiento acerca de qué es este nuevo sistema, y lo que es más importante, cuáles son sus posibles implicancias en lo social. La última variable dependerá de la elección que se haga en cuanto a la norma, pero, la regulación que se haga al respecto es lo verdaderamente fundamental.

El motivo de esta carta atiende a la importancia que la televisión tiene en la vida de las personas; y lo que impulsó su redacción es la idea fuerza con la que usted comenzó su mandato, la idea del “Gobierno ciudadano”. No soy quien para analizar si esta idea es buena o mala, si se mantiene, si fracasó, o si se transformó en el camino; pero si rescato y destaco el propósito de democratización efectiva, y transparencia en la toma de las decisiones que afectan a toda una nación, que ofrece este concepto. Por lo que creo, debieran estos propósitos hacerse presentes en las políticas públicas; haciendo participe así, a toda la población del país. Lo que representaría una señal concreta hacia la población, la que se siente cada día más ajena de las decisiones que afectan sus vidas; hecho que se manifiesta claramente en la actitud del ciudadano con su entorno (aparente indiferencia, desarraigo institucional, etc.), lo que se refleja también en las encuestas de opinión. Las que quiérase o no, dictan pautas a seguir; pero de esta forma sólo se hace política de reacción, lo que a la larga es penado con los votos.

Es en los sectores más vulnerables, en donde mayor relevancia adquiere el televisor, el que consume en promedio más del cincuenta por ciento de nuestro tiempo libre. Tomando en cuenta que esa relevancia de la televisión, que la convierte en un bien de uso público, es un hecho que se puede aprovechar ¡muchísimo! mejor de lo que se hace ahora; y que la coyuntura del cambio a TV digital nos plantea la posibilidad de replantearse el sistema televisivo en vista de lo que queremos; podremos darnos cuenta de que estamos enfrentando una posibilidad histórica, que nos permite ejercer nuestra libertad de elección, beneficiando directamente a la ciudadanía, especialmente a los que tienen menos. Cabe entonces hacerse la pregunta de si ¿usaremos esta libertad?, ¿Cómo lo haremos?, ¿y en consideración de qué y quienes?. Es por esto señora Presidenta, que manifiesto la posibilidad (con carácter de necesidad) de hacer participar a la ciudadanía de una decisión que afectará sus vidas y su forma de relacionarse con el entorno, dando una clara muestra de democratización en la toma de decisiones de la esfera pública.

Esta participación ciudadana, para que tenga realmente el carácter de un gobierno ciudadano, no debe considerar sólo a un segmento de la población, no; lo que correspondería en este caso es la realización de un plebiscito, que podría tener o no carácter de vinculante, dando una muestra clara de integración ciudadana a las decisiones importantes; y que dejaría de manifiesto su preferencia en materia de TV digital. Esta instancia, pensando en los costos que significa la realización de un plebiscito, podría ser tomada como una instancia de prueba de un sistema de votación electrónica, lo que sería un paso más en cuanto a modernización del estado.

Para llevar a cabo esta iniciativa, es fundamental la realización de una campaña informativa en lo que respecta a TV digital, ya que la mayor parte de la población no tiene información al respecto. A pesar de que existe información referente al tema, la información existente no circula por el principal medio articulador, de uso masivo, y principal afectado por este cambio; o sea, la televisión; lo que es una muestra de poca transparencia (esa es la percepción) en cuanto a la toma de decisiones de políticas públicas; esto, atendiendo a lo que dice Alfredo Rehren, del Instituto de ciencias políticas de la Universidad Católica, referente a que la transparencia requiere de información pública que sea accesible, comprensiva, relevante, de calidad y confiable. La información pública no solo debe existir, debe ser accesible.

Esta campaña informativa debiera tener carácter de cadena nacional, semejante a lo que se hace durante elecciones políticas (lo que es en cierta forma, también, esta elección). En esta instancia debiera realizarse una discusión que planteara las potencialidades y contrariedades de las distintas normas de TVDT, enfrentadas a las necesidades del contexto chileno. Este debate no debe pensarse como una ventana de exhibición para que los distribuidores ofrezcan su producto; sino como una instancia en donde se contextualicen las diferentes opciones que chile posee para mejorar la calidad y representatividad de su televisión abierta.

Hágase o no el plebiscito, ésta campaña informativa es crucial para transparentar el proceso de elección de la norma.

Lo que se plantea en esta carta requiere, teniendo en cuenta la relevancia de la TV en la estructura y estructuración social, que se desacelere el proceso de elección de la norma, y comenzar así un debate que defina cual es la televisión que queremos, y cuales son los alcances que queramos darle; discusión que debe llevarse a cabo, tomando en cuenta la totalidad del entramado social. Participando de ésta discusión: autoridades políticas, académicas, realizadores, miembros de la sociedad civil a nivel nacional, regional y comunal; incluyendo a la totalidad de actores constituyentes de nuestro Chile, con sus arraigados (etnias) y los que buscan arraigarse (tribus urbanas, minorías de todo tipo). Y una vez llevada a cabo esta discusión, realizar la elección de la norma digital que mejor cumpla con las necesidades surgidas en la instancia de convención; y por qué no exigir, si es necesario, a los que desarrollen la tecnología más idónea a las necesidades del país, modificaciones que adapten de mejor forma dicho sistema a nuestra realidad.

De llevarse a cabo lo propuesto en esta misiva, se daría una clara señal de democracia y participación de la ciudadanía en la construcción de su futuro. Lo que podría brindarle un respaldo, en futuras iniciativas tendientes a acercar más el poder a las personas que sostienen dichas estructuras.

Esperando que la presente carta sea tomada en consideración, y esperando respuesta a la misma me despido y agradezco de antemano su disposición. Deseándole además, buenas nuevas en lo que queda de su mandato, porque Chile se lo merece.

Muchas gracias

Paz, Amor y Felicidad

Atentamente

Rodrigo Acosta Larenas

Rut. 15.087.096-8

tutuluzXgmailXcom

Espero que este mensaje sea de interés para su medio, podría verse la posiblidad de recolectar firmas de manera electrónica en pos de desacelerar la elección de la norma, dando pie a una instancia de convención social sobre la televisión que queremos, y en base a eso realizar la elección de la norma y posterior legislación. Me despido agradeciendo de antemano su buena disposición, muchas gracias, que este muy bien

–
Rodrigo Acosta Larenas

El carácter de la Toma de Decisiones en TI en Chile:

a propósito del Acuerdo Microsoft-Gobierno

Cecilia Bastarrica, Ph.D. Computer Science,

Claudio Gutiérrez, Ph.D. Computer Science,

Alejandro Hevia, Ph.D. Computer Science

Nancy Hitschfeld, Dr. Tech. Wissenschaften,

Gonzalo Navarro, Dr. Ciencias de la Computación,

José Miguel Piquer, Dr. Informatique,

Eric Tanter, Dr. Informatique / Dr. Ciencias de la Computación

(Académicos Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile)

(Esta carta-respuesta a un artículo aparecido en Revista Que Pasa no quiso ser publicada por dicha revista. Por el interés que pudiera tener, a pesar del atraso, hemos decidido difundirla como carta abierta).

Hace algunas semanas apareció en Revista Qué Pasa un artículo titulado “¿ Por qué tanto revuelo por el acuerdo? ”, en el que, un ex-asesor del Ministerio de Economía alude a todos quienes trabajamos en esta área:

“Esta pequeña tormenta es un botón de muestra de un desconocimiento en el tema que a pocos les pareciera importar. Este se debe a falta de información, pero más importante aún, a la falta de capacidad y educación para entender tecnología, estrategia y política tecnológica.”

Quien lo escribe es Carlos Osorio, quien trabajó “en parte del acuerdo” como asesor por “algunos meses” del Ministro de Economía.

Aprovechando la oportunidad, quisiéramos centrar el debate en lo importante, es decir, en el documento del acuerdo.¹ Los considerandos de ese acuerdo indican que estamos ante un tema de la máxima relevancia nacional: “la adopción de tecnologías de información es responsable directa del crecimiento económico” y “la conveniencia manifiesta de potenciar y masificar el uso de tecnologías de información, especialmente en los sectores y personas más postergadas”. (Todas las citas en itálicas de aquí en adelante tomadas directamente del Acuerdo MS-Gobierno).

Queremos apuntar a los tres aspectos centrales que surgen a raíz del acuerdo, y a nuestro juicio merecen una mayor discusión.

1. Los alcances del Acuerdo

El acuerdo no es sólo un “marco de entendimiento” como lo sostiene Osorio. De hecho, explícitamente indica que “El Ministerio propondrá en su oportunidad las contrapartes y coordinaciones que se requieran por parte del Gobierno de Chile, como asimismo, los actos administrativos y u otros que sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.”

Antes de seguir, es importante señalar que el acuerdo indica que compromete “una colaboración voluntaria de parte del Gobierno”. De hecho, si alguna de las partes no tiene la voluntad, el acuerdo no se realiza. De lo que se sigue que es ocioso analizar este escenario, pues, como intuirá el lector atento, nada ocurrirá si no se implementa el acuerdo.

Luego, el tema sólo cobra interés cuando ambas partes tienen intención de realizar el acuerdo. En esta dirección, no es difícil probar que hay muchos compromisos de parte del Gobierno. Adjuntamos (al final de la carta por razones de espacio) la documentación que prueba nuestra afirmación.

2. El tema de la neutralidad tecnológica

El Ministerio en su comunicado² habla de “neutralidad tecnológica.” Carlos Osorio prefiere el de “imparcialidad tecnológica”. El fondo de lo que se está jugando aquí es la noción de interoperabilidad, es decir, “la capacidad que permite a sistemas heterogéneos operar y comunicarse entre sí”, como lo indica el decreto del Gobierno sobre el tema.³

Una de las características del modelo de negocios que ha hecho a MS dominar amplios mercados mundiales, es la capacidad que ha tenido de diseñar software que no interopera con otros sistemas, plataformas y software. MS no es una empresa de hardware como Intel, de computadores como IBM, sino de software. El gran salto de MS partió de un acuerdo con IBM de proveer el sistema operativo DOS (mas tarde Windows) en los computadores que IBM vendía y más tarde en los computadores que diferentes compañías vendían. Un sistema operativo que no destaca por su profundidad técnica ni ha liderado la innovación tecnológica de fondo. Esta línea de negocios la siguió después con otro tipo de software, por ejemplo con la suite Office, su procesador de texto Word y planilla Excel, y su navegador Explorer, con la ya conocida demanda por monopolio de parte de Nestscape, etc. Todos estos productos tienen un bajedsimo nivel de interoperabilidad. Para el lector no entendido en tecnicismos, esto significa que estos productos dificultan y limitan al usuario integrarse con otros sistemas, o cambiarse si lo desea a otro sistema, que no sean de la misma línea. Digamos de paso, que existe amplia tecnología alternativa a los productos MS, por ejemplo Linux como alternativa a Windows, suite Open Office como alternativa a Word y Excel, Mozilla Firefox como alternativa a Explorer, todos ellos además de distribución gratuita y de código abierto. El centro de la evaluación de una decisión sobre software a nivel gubernamental debiera ser su nivel de interoperabilidad, y por ello, muchas soluciones alternativas a productos MS ya han sido adoptadas y están siendo fomentadas oficialmente por estados y gobiernos muy respetables en materia tecnológica.

Nótese que la competencia “sana” funciona de otra forma: una compañía de televisores no compite con otra dificultando que sus clientes migren a otra compañía porque entonces no podrían ver ciertos programas, sino a través de ofrecer mejores televisores. El negocio de una empresa editorial no es atrapar a sus clientes imprimiendo sus libros de forma que sólo puedan leerse con un lente especial que ella misma vende y que no permite leer la competencia (y el cual es finalmente su gran negocio), sino a través de ofrecer buenos libros en buenas ediciones, interoperables para cualquier sistema de anteojos.

Con estos antecedentes, ¿ es conveniente acordar con una empresa de estas características la alfabetización digital de la población chilena, hacer descansar en sus productos la documentación esencial del ciudadano, y ligar las decisiones de seguridad del Estado a estos productos? No es una pregunta menor, ni hay respuestas simples. Esto lleva al siguiente tema.

3. El carácter de la toma de decisiones en este ámbito

¿ Cómo se debieran tomar las decisiones en este ámbito de las TI, área de la que, a pesar de ser reconocida por el Gobierno como “responsable directo del crecimiento económico”, no existe siquiera una subsecretaría? Al menos parece que todos concordamos que el “potenciar y masificar el uso de tecnologías de información, especialmente en los sectores y personas más postergadas” es una decision importantísima, de alcance estratégico, que amerita ser estudiada y discutida ampliamente.

Para ilustrar mejor esta necesidad, hagamos una analogía. En el mundo globalizado, potenciar y masificar el uso de un idioma internacional en nuestros jóvenes es estratégico. ¿ Cómo decidir cuál idioma y cómo hacerlo?

Imaginemos que aparece una empresa de enseñanza del sánscrito, y firmara un acuerdo con el Ministerio de Educación que consiste en una “donación” consistente en libros, materiales didácticos, cursos, apoyo para profesores, etc. para el aprendizaje del idioma sánscrito, con la “modesta” contraparte del Gobierno de:

i) hacer “sus mejores esfuerzos para desarrollar el proyecto de capacitación, dentro de sus competencias y posibilidades presupuestarias, evaluando los aportes económicos que permitan complementar el programa”,

ii) “de comprometerse a coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación de estos recursos tecnológicos en el sistema escolar”,

iii) “comprometerse a contar con la infraestructura básica y comprometerse a contratar la asesoría de implementación del sistema de aprendizaje del sánscrito”

iv) etc. etc.

Claro, esta noble empresa dona el material, sus textos, su apoyo, su tecnología, con una “mínima” contraparte del Gobierno. ¿ Haría bien el Gobierno en aceptar este “acuerdo-donación”? Juzgue Ud. por sí mismo.

Con estas líneas sólo hemos pretendido llamar la atención sobre el proceso actual de toma de decisiones por parte de las autoridades en el área de TI. Pensamos –al contrario de Carlos Osorio– que la “tormenta” desatada obedece precisamente a que la comunidad informática en Chile está muy consciente que estos temas son de profunda relevancia estratégica para el futuro del país. Creemos, finalmente, que este tipo de decisiones no debieran dejarse a asesores part-time en reparticiones que están lejos –por su ámbito de competencia técnica– de entender los efectos e impactos tecnológicos de la revolución de las TI. En esta dirección, urge que el Gobierno –siguiendo el ejemplo de decenas de países, desde similares en perspectiva al nuestro, como Australia, Nueva Zelandia, Tailandia y Korea, hasta gigantes emergentes como India y China– centralice las decisione s sobre esta materia, si no ya en un ministerio como los países mencionados, al menos en una subsecretaría de Tecnologías de Información, y de esa forma transforme en hechos aquella afirmación de que las TI son “las responsables directas del crecimiento económico”.

Anexo: Los compromisos del Gobierno en el Acuerdo.

1. En Capacitación, MS compromete sus recursos, y el Gobierno y el Ministerio “harán sus mejores esfuerzos para desarrollar el proyecto de capacitación digital [de MS], dentro de sus competencias y posibilidades presupuestarias, evaluando los aportes económicos que permitan complementar el programa.”
   MS “ofrece” capacitar a la población chilena en herramientas MS, y el Gobierno evaluará como lo apoya en esta cruzada.
2. Domicilio Digital: “Creación conjunta [entre el Gobierno y MS] de un espacio donde los ciudadanos tengan acceso a toda la información, notificaciones e interacción relevante con instituciones públicas.”
   “El Ministerio de Economía se compromete a contar con la infraestructura computacional básica para la carga de cuentas de ciudadanos y se compromete a contratar la asesoría [a MS?] de implementación del sistema de carga del ciudadano.”
3. Municipio Digital. “El Ministerio de Economía se coordinará con la Subsecretaría de Desarrollo Regional a fin de realizar las acciones necesarias tendientes a generar una oferta a los municipios que les permita contratar los servicios de consultoría requeridos para la personalización de los portales e implementación.”
4. Escuela Innovadora en Chile. “El Ministerio de Economía coordinará con el Ministerio de Educación el aporte complementario para la realización de este proyecto de la escuela innovadora.”
5. Escuelas conectadas. “El ministerio de Economía se compromete a coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación de estos recursos tecnológicos en el sistema escolar.”
6. Profesores innovadores. MS generará una red de profesores. “El Gobierno de Chile a través del Ministerio de Educación se compromete a incluir estos recursos en el Portal EducarChile y a apoyar las iniciativas de esta red.”
7. Pequeña empresa del siglo XXI. MS se compromete a poner a disposición una “oferta” que incluirá el sistema operativo Windows Vista Home o Business Edition.
8. “El Ministerio se compromete a coordinar con la Dirección de Contratación Pública la difusión de esta oferta a objeto de establecer las acciones concretas tendientes a que sea recibida adecuadamente por las pequeñas y medianas empresas.”
9. Acceso tecnológico para sectores de escasos recursos.
10. “El Ministerio de Economía determinará las contrapartes correspondientes, las que se coordinarán y suscribirán los convenios que correspondan para concretar acceso a tecnología.”
11. Colaboración en el Fomento de una Internet Segura.
    MS compromete una donación al Servicio de Investigaciones de Chile, la que se “materializará de conformidad a la legislación vigente y con la suscripción de los acuerdos respectivos”.
    MS compromete la contratación de un estudio legal, “con el objeto de colaborar con el Gobierno en la elaboración y sugerencias legislativas que sean pertinentes.”
12. Colaboración con el Gobierno en materia de seguridad informática. Es relevante señalar que en el acuerdo local celebrado entre MS con el Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Computacional (CLCERT) de la Universidad de Chile -15 de enero de 2007- sobre materias puramente técnicas, no se explicitó que este sería usado por MS para lograr un acuerdo mayor con el Gobierno.
13. Centros de Innovación y Emprendimiento.
14. MS se compromete a desarrollar un estudio sobre el impacto de las TI en la producción nacional. “Una vez realizado dicho estudio, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Economía, apoyará la difusión de éste.”

Resumen: hay compromisos de parte del Gobierno de Chile en el acuerdo.

1 Disponible en http://www.economia.cl/aws00/Estatico/repositorio/k/L/f/gnoBqFQxlwICIIytdL8X299E=.pdf

2Comunicado de Prensa, Ministerio de Economía, 25 Julio 2007.

3 DL 81, 2004, Norma técnica sobre Interoperabilidad de documentación electrónica.

NDR: La versión original fue entregada en RTF y PDF por lo que esta es una versión adaptada al HTML del blog.

Saludos a todos

Me gustaría saber del interés de la comunidad.

Esto es lo que quedó de lo que se hizo: http://www.cadcc.cl/new/?q=node/401

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