Tal como se informaba hace unos días, algo interesante ha ocurrido en el Congreso (y no es otro baile del Koala). Se trata del Proyecto de Acuerdo en el que piden a la Presidenta que “asegure la plena neutralidad en las adquisiciones y contrataciones de tecnologías de información y comunicaciones que realice el Estado“. A continuación quiero explicar las implicancias prácticas de este acuerdo y lo que deberíamos hacer en MLD
Los ciudadanos fueron escuchados
Como recordaran en nuestra presentación en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados (8 de agosto, 2007) realizamos 6 sugerencias y recomendaciones. La última de ellas era la siguiente:
6. Promover legislación que garantice que las futuras adquisiciones de software y soluciones computacionales evalúen las mejores condiciones económicas para el Estado, sean estas de software propietario o de código abierto.
La expresión “las mejores condiciones económicas para el Estado” la usamos para promover la idea de la neutralidad tecnológica apuntando a la evaluación de las compras donde expresamente se consideren las alternativas de código abierto.
Tiendo a concordar con lo señalado por Jens Hardings en cuanto a que el concepto de neutralidad tecnológica presenta diversos problemas, por lo que sería prefible usar el de Imparcialidad Tecnológica Informada. Sin embargo, todo depende de la definición que se adopte como punto de partida para eventuales leyes o políticas. Nosotros usamos la siguiente para la presentación que hicimos en la Comisión:
“El acuerdo entre Microsoft y el gobierno no garantiza el principio de neutralidad tecnológica entendida como el establecimiento de condiciones equitativas por parte del Estado para que diversos estándares (al menos los más representativos) puedan coexistir.”
Tal definición fuerza en la práctica a garantizar el principio de igualdad ante la ley, por lo que podría a su vez servir para normas legales o políticas públicas donde el Estado no necesariamente sea “neutral” (no prefiera una solución sobre otra), sino que incluso pueda llegar a aplicar la noción de discriminación positiva en las decisiones tecnológicas para así asegurar un trato más igualitario entre opciones propietarias y de FLOSS, considerando que estas últimas no son evaluadas apropiadamente al momento de tomar decisiones sobre adquisiciones.
¿Y qué pasó entonces?
Pocos días más tarde (13 de agosto, 2007) se presentó a votación lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1. Disponga las medidas necesarias para asegurar la plena aplicación del principio de la neutralidad tecnológica en las adquisiciones y las contrataciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que realice la Administración del Estado, velando para que las entidades evalúen y decidan en cada caso y de manera objetiva la mejor solución a contratar.
2. Ordene a la Dirección de Compras y Contratación Pública la elaboración de un instructivo que establezca los criterios que deben ser considerados por las entidades públicas al momento de decidir la contratación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de manera de asegurar el cumplimiento del principio de neutralidad tecnológica como un elemento esencial”.
Votaron 77 diputados a favor, 1 se abstuvo y 0 en contra. El texto completo se puede leer, aquí. (página 38 en MS Word)
No hace falta ser un genio para descubrir que este proyecto de acuerdo tuvo como inspiración nuestra presentación en la Comisión de Ciencia y Tecnología. De hecho dos de los promotores del acuerdo estaban en la sala ese día: Diputados Arenas y Sepúlveda (este último nuestro principal aliado hasta ahora)
Interesante notar además que esta propuesta de los parlamentarios se suma al Proyecto de Acuerdo 368 (en PDF) del 6 de Junio del 2007 destinado a “ implementar el uso de Software Libre en Administración Pública” (Ver info en blog del Diputado Sepúlveda y análisis en Sushi Knights)
¿Y qué es un proyecto de acuerdo?
Según el reglamento de la Cámara un Proyecto de Acuerdo es la proposición que cinco o más Diputados presentan por escrito a la Sala con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del Gobierno, o bien, obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general, tanto nacionales como internacionales, que expresen la preocupación por ellos, de la Cámara.
¿Implicancias prácticas?
Muy pocas si el acuerdo no se transforma expresamente en una política pública vinculante o lo incorpora por ejemplo en programas ya existentes, tales como el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que tienen un sistema de incentivos económicos asociados.
Sin embargo, lo anterior tendría que estar a la vez acompañado por una ley de la república. Esto es importante puesto que se necesita realizar una transformación de fondo que vaya más allá de la voluntad del gobierno de turno.
En tal sentido, vale la pena recordar el instructivo presidencial No. 005 del 11 de Mayo de 2001 firmado por el ex Presidente Ricardo Lagos, donde se señaló que los jefes de los servicios de la administración pública deberán:
“Adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios.” (número 6, letra i)
Toda esa buena intención quedó como letra muerta al asumir el gobierno de Bachelet y seguirá siendo sólo un buen recuerdo si no se adoptan medidas más de fondo, idealmente por medio de legislación. Evidentemente el acuerdo aprobado el 13 de agosto es un buen paso y debería servir como antecedente para iniciar la tramitación de una ley.
¿Y qué tenemos que hacer?
Tenemos que ser más efectivos para no dejar pasar las oportunidades que se presentan. No basta con publicar en el blog o denunciar cosas que podrían estar saliendo mal. Hay que movilizar los esfuerzos en cuestiones concretas como esta. Mi sugerencia es que debería armarse un comité especial para encargarse de presionar para que este acuerdo se transforme en ley. Es un esfuerzo de mediano plazo (6 a 12 meses sólo para que la idea se aceptada a tramitación) pero podría resultar.