Se señala en diarios que VTR es el primer ISP en América Latina en implementar este sistema, y ello es lógico: los demás proveedores de acceso pueden tener bastante más claro que las censuras son atentatorias a los derechos de información y a la libertad de la expresión y que, por ende, escapan con largueza a sus atribuciones.

Sólo a los tribunales de justicia les corresponde calificar la ilicitud de contenidos, conociendo de casos concretos y en virtud de norma expresa, y dictar las medidas que sean procedentes para su supresión, por lo que la autoridad administrativa no puede, y menos aun los particulares como la empresa VTR, arrogarse las atribuciones judiciales de restringir los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas.

Los que visitan páginas con contenidos ilícitos son personalmente responsables por ello; VTR no puede constituirse en garante de lo que ven o visitan sus usuarios, pues cuando las leyes quieren darle a alguien esa posición lo dicen expresa e inequívocamente, y este NO ES el caso, por lo que la decisión de este ISP contraría los derechos fundamentales de las personas.

No es difícil imaginar lo que viene: en nombre de la seguridad los proveedores de acceso a Internet impedirán el acceso a sitios sobre pueblos originarios, tan livianamente calificados como terroristas por la autoridad pública, o a los estudiantes secundarios por sediciosos, o a manifestantes por vulnerar el orden, etc.

No digo que VTR y el Ministerio del Interior en este caso no sean bien intencionados, pero de buenas intenciones, dice el saber popular, está empedrado el infierno.

Y también las libertades públicas en Chile.

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Fuentes consultadas el 3 de octubre de 2008:

- La Tercera

- La Segunda

- Agencia ANSA