Tal como lo dice esta imagen, la Neutralidad en la red, no sólo es una buena idea, debería estar en la ley… pero muy pronto este deseo se volverá realidad.

Esto debido a que el proyecto de Neutralidad de la Red, que ya había sido aprobado por el senado, ahora fue aprobado casi por unanimidad de los votos (99 a favor y 1 abstención sin votos en contra) en la Cámara de Diputados, lo que significa que se despachó el proyecto a Tribunal Constitucional que realiza un examen del mismo y si no hay problemas, pasará al ejecutivo para que la promulgue y sea publicada como ley de la República.

Debo confesar que estoy bastante contento con la evolución de este proyecto, la participación que tuvo la ciudadanía y diversos actores que apoyaron la idea y el resultado obtenido.

Así, si pudiéramos señalar quienes ganan con este proyecto.

1) Ganan los usuarios de Internet

Se establece con el proyecto una serie de garantías que van en directo beneficio de los usuarios de internet. Entre ellas se establece el derecho a ser informado respecto a velocidad de conexión contratada y la velocidad real que navega; tiene derecho a contar con un control parental proporcionado por las ISP; puede efectuar reclamos ante la SUBTEL en caso que arbitrariamente el ISP intente interferir, discriminar, entorpecer o restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet.

2) Gana el Estado de Chile

Toda vez que se incluye por primera vez el concepto de Internet y proveedores de acceso a Internet a la Ley General de Telecomunicaciones y se otorga las facultades a la SUBTEL para establecer un reglamento que fije condiciones mínimas que debe cumplir proveedores de acceso y además dota de facultades sancionatorias en caso de que las empresas infrinjan la ley.

3) Gana las empresas y emprendedores

A pesar de que se podría pensar que las empresas proveedoras de acceso les será presumiblemente más gravoso ofrecer sus servicios, se produce una igualdad de condiciones en la prestación del acceso entre las distintas empresas, mejorando el servicio y condiciones de mercado, toda vez que antes se efectuaban prácticas monopólicas o limitantes que afectaba directamente la competencia entre estas empresas.
Por otro lado se prohíben las prácticas que tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia, lo que permite generación de nuevas aplicaciones, servicios y utilidades por parte de nuevos emprendedores y que utilicen la red para estos nuevos negocios, no pudiendo las ISP interferir con ellos so pretexto que utilizan sus redes.

4) Gana la legislación de Chile

Esto porque con este proyecto la legislación se pone a la vanguardia respecto a otros países como EEUU y comunidad Europea, en donde la neutralidad de la red no se encuentra legislada por el fuerte lobby que efectúan las empresas de telecomunicaciones y proveedoras de acceso; lo que hace, por tanto, a Chile, uno de los primeros países del mundo con que cuenta con una regulación pro-usuario y pro-mercado sin restricciones o limitaciones, a pesar de que durante la discusión del proyecto, célebre fue la reflexión de un ex-senador de la República que señaló que era una incoherencia que se hablara de este tema en el país y que había que dejar que otros países como EEUU legislaran primero.

Quiero felicitar la iniciativa presentada por el diputado Arenas, el impulso de la campaña Neutralidadsi.org encabezada por Pepe Huerta, al ex-subsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello, por el impulso en la discusión y urgencias presentadas, al actual subsecretario Jorge Atton, por continuar con el impulso y argumentos del gobierno para dar un pronto término del proyecto, al actual Presidente de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones senador Guido Girardi, por dar apoyo a la iniciativa ciudadana y apurar tramitación en senado y al movimiento ciudadano Liberación Digital que estuvo presente como invitado en comisión del senado, debidamente representado por Tomas Pollak.

Solo puedo decir que fui un espectador privilegiado durante toda la tramitación, estando presente en muchas sesiones de comisión y pleno del parlamento, aprendiendo de los argumentos a favor y en contra, conversando con usuarios de internet, diputados, senadores y autoridades de gobierno al respecto y logrando obtener la conciencia de la necesidad de una legislación como la que finalmente obtuvimos…

Pueden descargar y leer el texto definitivo acá

Fuente foto: marlexsystems.org

fuente artículo: culturadigital.cl

En palabras simples, el acceso universal (no confundir con servicio universal), que consiste en que cualquier habitante de la nación, con independencia de su ubicación geográfica, podrá tener acceso a Internet y no tan solo acceso, sino con una calidad determinada y un precio asequible.

Los motivos esgrimidos por los senadores para justificar la presentación del proyecto de reforma constitucional son variados, indicando que:

• Internet es considerado como paradigma en la “Sociedad de la Información” y es una herramienta que han utilizado países para incrementar su desarrollo, tanto económico, como social y cultural, fomentando con ello uso de nuevas tecnologías, formación de mayores capacidades, aumentando la innovación y desarrollo, entre múltiples efectos positivos para los que cuentan con el acceso.
• A través del acceso a Internet hoy en día se entiende corno un verdadero complemento para la satisfacción de otros derechos, garantizados por la Constitución, como lo pueden ser el acceso a la información, el derecho a la educación, libertad de expresión, entre otros, lo que lo hace coherente con las demás normas constitucionales.
• Se busca consagrar un principio que ya se encuentra recogido en nuestra legislación nacional. Es así como el artículo 2° de la ley 18.168 Ley General de Telecomunicaciones señala: “Todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley.”
• el reciente ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nos impone un desafío de que no tan sólo exista un derecho de acceso a Internet, sino que además es necesario que se garantice a todos los ciudadanos este acceso a Internet, independientemente de su localización geográfica, con una calidad garantizada y a un precio asequible.

Este es un principio no nuevo en tecnologías de la información e internet en el mundo, de hecho, existen varias experiencias internacionales, así, el parlamento Europeo decretó laDirectiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal) que en su Artículo 3 Nº l indica que “Los Estados miembros velarán por que los servicios que se enumeran en el presente capítulo se pongan, con una calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en su territorio, con independencia de la situación geográfica y, en función de las circunstancias nacionales específicas, a un precio asequible.”

Por otro lado Finlandia tiene garantizado constitucionalmente para que toda persona que viva en ese país (a partir de julio de 2010) tendrá garantizado, el acceso a Internet de banda ancha (definida por una ley en 1 Mb). Para 2015 este derecho pasará de 1 Mb a 100 Mb.

Otros países como España en año 2011 tendrán derecho a Internet de 1 mega, lo que significa que cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tendrá derecho a contar con ese acceso (aunque ellos no lo garantizan por la Constitución, sino por una ley).

Finalmente, en Latinoamérica, específicamente en México, se presentó recientemente una reforma a la Constitución, justamente para adiciona un décimo párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud del cual se consagra que “toda persona tendrá derecho de contar con acceso a Internet”.

El texto del proyecto, señala:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Articulo Único: Intercálese a continuación del numeral 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el siguiente numeral 26 nuevo, pasando el actual a ser numeral 27:

“26° La libertad y el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las tecnologías de información, comunicaciones e Internet, cualquiera sea el medio utilizado o la localización geográfica de los usuarios.

Una ley determinará la forma en que el Estado garantizará el ejercicio de este derecho y las condiciones respecto a calidad y precio.”

También pueden ver la noticia aparecida en Senado detallando el proyecto presentado.

Por último, y en honor a la verdad, en octubre de 2006 el ex diputado Esteban Valenzuela presentó un proyecto de reforma constitucional algo similar, que garantizaba “el acceso a la conectividad a las redes digitales de información y comunicación”, pero sin dar más contenido al texto, por lo que OBVIAMENTE este es un aporte significativo y real, indispensable, a mi entender, para lograr un mayor desarrollo nacional, a través de la consagración de un principio (el acceso universal), realmente necesario.

fuente foto: www.sipse.com

Una muestra de esto fue que durante la semana pasada finalmente terminaron su tramitación como proyectos de ley y están en manos del ejecutivo para su promulgación y publicación y así convertirse en ley, 2 proyectos a los cuales hemos dado un seguimiento (con intervención incluida).

Por un lado tenemos la reforma a la ley de Propiedad Intelectual y por otro la ley de Radios Comunitarias.

Reforma a la ley de Propiedad Intelectual.

Luego de años de discusión en el parlamento y luego de una tramitación digna de una teleserie nocturna (que incluyeron denuncias de intervencionismo, acuerdos secretos, renuncias a cargos directivos, participación ciudadana, campañas de emails, ISP policías, vetos presidenciales y otros), finalmente fueron despachadas las reformas a la ley de Propiedad Intelectual en las que finalmente se llegó a un texto más o menos equilibrado en cuanto a protección de Derechos de Autor y el acceso a la cultura por parte de los “consumidores culturales” principalmente.

Hay que recordar que en este proyecto la sociedad civil organizada participó activamente, sobre todo como Movimiento Liberación Digital, lo que comenzó cuando participamos en la mesa de expertos que veía las más de 250 indicaciones presentadas en senado. Luego fuimos quienes denunciamos el acuerdo secreto de la SCD con el Gobierno y estuvimos presente en conversaciones con senadores, ministros y autoridades.

Lo importante fue que el rol  activo que tuvimos más el trabajo en conjunto con otras organizaciones logró que finalmente se despacharan reformas más acordes a nuestros tiempos. Y a pesar que finalmente no logramos obtener los “usos justos”, conseguimos los “usos justitos” que sirven de base para nuevas posibles reformas.

Desde esta tribuna felicito a los que activamente participaron en la discusión, análisis, comentario y acciones concretas por contar con una ley equilibrada para todos. Un abrazo a todo el Lumpen Digital.

Ley de Radios Comunitarias

Otro proyecto en que se generaba un espacio para la participación ciudadana en medios de comunicación (específicamente en radio), se vio en la tramitación de este proyecto.

En lo fundamental el proyecto crea un régimen jurídico para las radios comunitarias sin fines de lucro y amplía su actual cobertura territorial debido a que la potencia máxima se aumenta de 1 watt a 25 watts en las zonas urbanas y a 40 watts en las zonas apartadas o donde existen comunidades indígenas.

Una vez adjudicada la concesión, el titular gozará de derecho preferente para su renovación. Sin embargo, se establece que no se podrán transferir, ceder o arrendar, ni otorgar su derecho de uso, a cualquier título, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, quien no siga con la autorización, deberá devolverla al Estado, para que otra organización pueda hacerse cargo.
De acuerdo a información entregada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en nuestro país existen tres tipos de radios: Las de amplitud modulada (AM), que agrupan 175 emisoras; las de frecuencia modulada (FM), que agrupa 1.436 emisoras, y 381 son las radios comunitarias, denominadas “radios de mínima cobertura”.
Es justamente a este último segmento a las que se beneficia con esta ley.

Durante la tramitación en el senado, en la que pude participar, nos reunimos con diversas organizaciones como la ANARCICH, AMARC y representantes de iglesias, las que generaron una serie de indicaciones que finalmente fueron aprobadas en la comisión y que mejoraron el proyecto original.

Entre estas indicaciones se cuenta:
* podrán ser titulares de una concesión las iglesias y organizaciones religiosas ( personas jurídicas de derecho público)
* facilita la postulación a estas entidades antes mencionadas.
* disminución de 15 a 10 años período de concesión
* definición de beneficiarios de etnias a pueblos originarios e indígenas
* posibilidad de solo contar con 1 concesión por solicitante
* no se dio derecho preferente a concesiones de radios que no renovaron en período anteriores a tiempo.

Hay que señalar que de igual forma quedaron algunos temas pendientes (como eliminación de condena de cárcel a quien utiliza sin autorización espectro radioeléctrico), pero personalmente creo que son temas para otro proyecto futuro.

Ante este inédito hecho es que logramos reunirnos con varias comunidades y movimientos ciudadanos y lanzamos una campaña por Internet para el envío de emails a los diputados solicitando formalmente que rechazaran estas indicaciones.

Es así como en la discusión en pleno, comenzó hablando la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, (la misma que firmó el acuerdo secreto con la SCD) quien mencionó que a través de estas indicaciones el gobierno buscó conseguir una ley justa y equilibrada de derechos de autor.

Acto seguido el diputado Darío Palma hace uso de la palabra llamándole la atención a la Ministra Urrutia por su declaración, porque justamente con estas indicaciones 10 y 12 se conseguía una ley desequilibrada y que solo 10/12 de las indicaciones eran justas y 2/12 no. Dijo votar en contra.

El ministro Viera Gallo (el mismo que ejerció intervencionismo en el senado y puso fin a los reales “usos justos”) pidió la palabra y con el fin de revertir el rechazo de las indicaciones, mencionó y exigió que se vote a favor las indicaciones justamente para no afectar imagen de Chile por no respetar TLC con EEUU. Al mismo tiempo señaló que no existía SIQUIERA la SOMBRA de CENSURA en estas indicaciones y finalmente amenazó que si se rechazaban estas indicaciones, de igual forma el TLC se cumplía integramente por tener carácter de autoejecutables.

Acto seguido habla el Diputado Ramón Farías (quien en votación en comisión también rechazó estas indicaciones) felicita la insistencia y la discusión respecto a este tema, pero dice que está en contra de indicaciones 10 y 12 y exije que sean los tribunales de justicia y no las ISP las que constaten infracciones a la ley. Dice que votará en contra.

El turno es de el DIputado Arenas quien dice que el Ministro Viera Gallo está equivocado en su argumento, toda vez que no es necesario ni requisito previo aprobar indicaciones 10 y 12 para que se cumpla el TLC con EEUU. Menos ha sido el espíritu del proyecto estas 2 de 12 indicaciones y que la discusión sobre el caracter autoejecutable de un tratado internacional es discutible, pero no es el lugar para exponer posiciones que existen en uno u otro caso. Aleja así el fantasma dejado por el ministro. Señala que en la eventualidad de que el tratado sea así, no sería necesario que el gobierno EN TRES OPORTUNIDADES insista con querer que el parlamento apruebe estas indicaciones ( saca mis aplausos en forma espontánea). Finalmente dice que el gobierno de forma obstinada busca atentar contra libertad de navegación por Internet y menciona y felicita la campaña de iniciada por los usuarios que buscan resguardar sus derechos.

Habla el Diputado Felipe Harboe y dice que no es posible dotar a ISP con facultades de fiscalización. En EEUU, donde sí se establece esta norma, existen 1200 ISP. En Chile , donde existen 4 grandes y que monopolizan el 90% de los usuarios conectados, sería un gran error. Menciona que es necesario avanzar en estos temas con este proyecto y con otros como el proyecto de neutralidad de red y dice que es necesario mantener libertad en internet.

El Diputado Juan C. Latorre mucho más escueto dice que se debe proteger a autores, pero norma 10 y 12 no tiene relación con eso. No es posible que ISP sea policía y dice que rechazará estas indicaciones.

Finalmente la última persona en hablar es la Diputada Karla Rubilar quien anuncia que votará en contra de las indicaciones 10 y 12 (al igual que todo RN) porque no es posible que ISP censure Internet. NO a 10 y 12 en un país libre como Chile.

Concluyendo la jornada, se votan las indicaciones de la siguiente manera y con los resultados que siguen:

Indicaciones 1 a 11 (exceptuando la nº 10). Resultado 83 a favor, 1 contra y 2 abstenciones. Todas aprobadas.

Indicación nº 10. Resultado 8 a favor, 67 en contra y 7 abstenciones. SE RECHAZA INDICACION.

Indicación nº 12. Resultado 3 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. SE RECHAZA INDICACION.

Esto significa que finalmente se logró con éxito el objetivo de la campaña iniciada y hemos conseguido que se rechazar estas 2 indicaciones que eran lesivas para los derechos ciudadanos, específicamente de los internautas chilenos.

Como era imprescindible que el gobierno lograra que TODAS las indicaciones fueran aprobadas para incorporarlas en el proyecto de propiedad intelectual definitivo, estas 2 indicaciones NO ESTARAN PRESENTE.

LOGRAMOS FINALMENTE #internetsincensura

saludos y felicitaciones a todos los que se sumaron a la campaña

Y aunque no se considere de mucha importancia, creo que es una vía que se cerró a la SCD y sociedad gestoras similares para poder implantar consecuencialmente algún tipo de canon digital o invención de ese estilo, por lo que veo esta medida acordada por los parlamentarios como un logro obtenido por los “consumidores culturales”, al ser una figura que apoyábamos desde un principio.

Para explicar un poco en que consiste el tema de la llamada “responsabilidad judicial de las ISPs”, debemos entender que las ISP son las llamadas proveedoras de acceso a Internet. Sin embargo, es común que además del negocio de acceso, son proveedoras de contenido, por ejemplo dando espacio, hosting o generando plataformas donde puede haber material que podría infringir derechos de autor.

Para explicarlo didácticamente:
Puede ocurrir que VTR por ejemplo tiene dentro de sus servidores un espacio de un usuario X con música de algún cantante asociado a la SCD. La SCD podría directamente reclamar ante VTR para que elimine ese contenido, pero actualmente la ley nada decía respecto a si efectivamente VTR era responsable por el hecho objetivo de tener los archivos o es responsable posteriormente al aviso de la SCD sobre la existencia de tal material y en este último caso la duda radica es si es necesario un simple aviso administrativo para que comience la responsabilidad de VTR (por omisión de no neutralizar ese contenido) o si es necesario una notificación judicial (orden de un tribunal que ordena la suspensión o eliminación del contenido).

Antes del acuerdo logrado en el senado, la SCD era partidaria de señalar que VTR (las ISPs) eran responsables de inmediato, por el solo hecho que pase contenido ilegal por sus servidores. Con esta figura querían presionar a la industria ISP para exigirle una determinada contraprestación ( o el llamado CANON digital) por esta responsabilidad objetiva. Tras el pago de este canon las ISP no tendrían responsabilidad por todos los usuarios delincuentes que ocupan los servicios de Internet.

Sin embargo, tal como se anunció, el senado acordó que (concorde al Tratado de Libre Comercio con EEUU y tal como ocurre en ese país desarrollado), las ISPs en principio no tienen responsabilidad por el contenido que pasan por sus redes HASTA que sean avisadas, en este caso JUDICIALMENTE de la existencia de un contenido ilegal. Tras esa notificación y ante la posible inactividad (o negativa) de la ISP de bloquear, suspender o eliminar contenido, serán responsable.

Y personalmente apoyamos la moción de notificación judicial previa, porque si solo depende de una notificación administrativa (o simple a las ISP), quedaría en manos de partes privadas y los proveedores de acceso distinguir si tal contenido posiblemente infringe derechos de autor, pudiendo existir casos en que arbitrariamente se bloquee contenido solo por mero capricho de la ISP.

Por último, me quedo con las palabras del senador Juan Pablo Letelier, presidente de la instancia quien afirmó :

“se concordó un criterio que, en general, establece de modo bien equilibrado cuándo las empresas proveedoras de servicios deberán bajar, neutralizar o bloquear la información que vulnere el derecho de propiedad”.

Indicó que el criterio que primó en la Comisión es que las empresas deberán actuar “cuando exista una medida prejudicial o una orden judicial”, ya que la discusión estaba en si se podría hacer mediante vía administrativa, lo que abría una serie de interrogantes por el eventual mal uso de esta facultad.

… “si bien ninguno de los actores del sistema va a quedar plenamente satisfecho con el procedimiento, creo que se estableció una fórmula equitativa ya que también se dejó como criterio legal la posibilidad de que se realicen acciones administrativas y de autorregulación de las partes”.
…”de este modo, si alguien se siente afectado por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual se puede dirigir a los proveedores y éstos, en determinadas circunstancias, podrán voluntariamente interceder, aún cuando haya alguien que tenga vínculos anteriores”.

Este es uno de los artículos que nunca quiero escribir.

La Wikipedia define Intervencionismo

“…en un sentido amplio por intervencionismo a la acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público o privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquél. En un sentido estricto el término alude a un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del intervenido…”

Y fue justamente esto lo que acaba de ocurrir hoy 13 de mayo en la sesión de la Comisión mixta de senadores en el Congreso Nacional, cuando a raíz de la revisión específica de las indicaciones relacionadas con el USO JUSTO como excepción a la ley de Propiedad Intelectual, que ya había sido aprobadas en sesiones anteriores, ingresó a la sesión el Ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera Gallo a interceder DIRECTAMENTE en los senadores presentes , es decir  Nuñez, Cantero, Chadwick, Pizarro, García Ruminot, Coloma y Ruiz Ezquide, para que sea respetado el ACUERDO FIRMADO POR EL GOBIERNO Y LA SCD, justamente en el punto de los Usos Justos.

En esta discusión el Gobierno logró que la indicación del senador Ruiz Ezquide y en la que se hablaba de los Usos Justos, sea retirada por el senador lo que conlleva a que no exista esta figura en el proyecto de ley. Lo que es más grave que el senador se prestara para este fin es que para retirar una indicación se requiere el voto conforme de TODOS los senadores en la sesión. Y así fue que TODOS los senadores votaron a favor del retiro. Así, no hubo ninguno que tras escuchar las razones de Viera Gallo se haya opuesto al retiro, lo que permitía mantener los Usos Justos que ya se habían aceptado.

No entendemos por ejemplo los motivos de Ruiz Ezquide para retirar su propia indicación o la acción de senadores como Cantero que había apelado públicamente en contra de este acuerdo, para que ahora autorice el fin de esta indicación.

Sin embargo,  ya desde antes del inicio de la sesión en las puertas fueron recibidos los senadores que estuvieron discutiendo sobre el punto por representantes de la SCD que estuvieron presentes y llegaron acompañados con Viera Gallo. Así, Denisse Malebran, Esperanza Silva y Cecilia Echeñique saludaron efusivamente, abrazaron y se sacaron fotos con todos los parlamentarios participantes. Esas fotos deberían estar disponible para todos los chilenos, porque fueron sacadas por el fotógrafo oficial del senado.

También estuvieron presentes en las puertas esperando el veredicto que le dio el fin a los Usos Justos Mahu, Zabaleta, Quique Neira, el director ejecutivo de la SCD y  Karina Ruiz representante de IFPI,

Realmente me parece lamentable y vergonzoso como en Chile se maneja de esta forma un tema tan importante como el de Propiedad Intelectual y como se produce el intervencionismo del gobierno. Y es tal justamente porque en estas sesiones del senado son a puertas cerradas y NO ES POSIBLE que representantes de organizaciones sociales civiles por ejemplo, puedan entrar y abogar por sus legítimos intereses.

¿Qué es lo que sigue?

Sigue la discusión de otras indicaciones antes de pasar al pleno de los senadores. Pero siguiendo la lógica, seguirá Viera Gallo actuando y favoreciendo a una entidad privada como es la SCD en perjuicio de todos los chilenos.

Es un dia triste para chile.

El video inicial fue realizado por nosoydelincuente.cl justamente para hablarnos de los llamados “USOS JUSTOS” que son la última gran discusión que tienen los senadores que componen la comisión que revisa las más de 200 indicaciones al proyecto de ley de Propiedad Intelectual.

Recordemos que justamente por este proyecto de ley es aquel donde hubo un acuerdo secreto entre la SCD y el Gobierno de Chile para proteger los intereses que se amparan en esta entidad privada y entendimos que dentro de estos puntos de acuerdo habían varios que perjudicaban a las personas común y corrientes, a los “consumidores culturales” y por lo mismo decidimos intervenir, tanto en la discusión jurídica-técnica, como en reuniones con autoridades, manifestaciones y dando a conocer nuestras posturas.

Como resultado de esto, podemos decir con satisfacción que los senadores han aprobado en la comisión varias indicaciones que buscábamos agregar a la arcaica ley de Propiedad Intelectual.

Así, en resumen (y en forma muy, pero muy simple), las principales indicaciones aprobadas son:

• Uso de Obras en Salas de Clases

Se autoriza como excepción y sin necesidad de requerir autorización previa del autor, la utilización de parte de obras para fines educacionales y sin ánimo de lucro para la lustración de las actividades educativas en el aula. O sea, los profesores podrán mostrar en powerpoint Impress fotografías para ilustrar sus clases sin problemas, por ejemplo.

• Comunicación o Ejecución de Obras en Núcleo Familiar o Instituciones Sin Fines Lucrativos

No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra cuando es realizado dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales y otros y sin fines lucrativos. No se requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración previa. O sea, se podrá escuchar sin problema música en los recreos de estudiantes, por ejemplo.

• Excepción de Reproducciones Provisionales en Transmisiones en Redes

Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se requiera autorización previa del autor, cuando sea transitoria y tenga como finalidad la transmisión en una red o un uso lícito de una obra. O sea, se permite por ejemplo audios en streaming para ciertos fines, por ejemplo.

• Excepción de Ingeniería Reversa y Security Testing

Está permitida,
1) hacer una copia de seguridad de un programa computacional.
2) La ingeniería inversa sobre un programa computacional con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. No se permite que el fruto de esta actividad sea para un programa que atente comercialmente contra el original.
3) Las actividades de probar, investigar o corregir un programa o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica y solo para estos fines.

Me quisiera detener un segundo en este último punto.
En la actual ley se comete delito si un programador de software libre (por ejemplo linux), genere drivers para una tarjeta de video basándose en drivers propietarios por ejemplo, aunque sea con fin de buscar la compatibilidad.

Fue justamente éste uno de los puntos que se discutió en la mesa de expertos y en los que asistimos en nombre de Liberación Digital, buscando la obtención de esta excepción a la ley actual. Y nuestra contraparte, es decir, la ACTI, Microsoft y demás empresas del rubro llegaron inicialmente con una idea de no dejar pasar una excepción amplia (es decir para fines de desarrollo). Sin embargo las conversaciones lograron armonizar finalmente una excepción tal como se observa, lo que generó un consenso. Paradójicamente fue la SCD quien viendo esta convalidación de ideas se opuso, aunque no les afectara esta excepción a los artistas.

Finalmente hay que recordar que tras finalizar la discusión de los usos justos, el proyecto se debatirá en PLENO en el senado. Esperamos, pues, que los usos justos sean considerados por la comisión y ratificados por el pleno. SI en caso extraño (por favor no más intervencionismo del gobierno), los usos justos no sean aceptados como excepción, tendremos que hacer un llamado a todos los senadores pro-sociedad civil para que rechacen el proyecto en ese punto correspondiente.

Seguimos, por tanto, atento a lo que ocurre en el congreso.

PD: Agradezco además a don Claudio Magliona, representante de la ADI (Asociación de Derecho Informático) por el envío de la información presentada.

PD: ojalá que en nosoydelincuente.cl nos linkeen a Liberación Digital

ACTUALIZACION!!

pronto habrá importante novedades respecto a este artículo. Se está desarrollando una noticia que dará que hablar… lamentablemente.

Fruto de esta sesión, donde hubo intervención del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones junto al Subsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello, por parte del ejecutivo y diversos parlamentarios, como el diputado Rodrigo González, gestor de la sesión, se llegó a un proyecto de acuerdo n˚ 706 (disponible aca) y en la cual se analizó el objetivo del proyecto, el rol que podrían tener infraestructura que son utilizadas por Cooperativas de Agua Potable Rural y en definitiva se solicitó a la Presidenta Bachelet varias medidas al respecto, en las que se destaca la solicitud de paralizar la licitación para un reestudio donde se considere estructura pública y modelos organizativos como las que se da en la FENAPRU, elaborar plan de conectividad para zonas urbanas y que considere las indicaciones enviadas en el proyecto 550 (fruto de la sociedad civil organizada) que aun no han tenido respuesta.

Uno de los parlamentarios más críticos al proyecto de Infraestructura Digital, don Rodrigo González, señala que:

“Todo apunta a suponer que en este concurso de antemano estaban prefigurados sus actores y ejecutores : las grandes empresas predominantes en el mercado de las telecomunicaciones.

En las Bases del concurso se señala que solo podrán participar en el concurso “aquellas propuestas nacionales o regionales y zonales que en forma combinada cubran todas las localidades del concurso, desechándose aquellas que no cumplan con esta condición”.

“Creemos que la licitación ya estaría preasignada, porque ninguna otra compañía, de acuerdo a las bases, tendría las posibilidades de presentar una propuesta como la exigida”

Un antecedente importantísimo a considerar para esta sesión especial fue el piloto realizado por el MOP (y que comentamos) en donde se pudo verificar la posibilidad de otorgar internet a zonas rurales usando torres de agua potable, lo que disminuiría el costo y daría oportunidad a uso de nueva tecnología de conexión como wimax. Así, según lo dicho por el diputado González, el proyecto financiado por FDT apuesta por dotar de conectividad a zonas rurales sin haber atendido a las personas organizadas en dichas zonas. Incluso según un cruce de proyecto y comunidades asociadas al FENAPRU, casi un 25% del proyecto del FDT beneficiaría a estas comunidades que asocian a mas de 1.500.000 personas en total.

Conectividad v/s Modelos de Gestión

Si damos una mirada crítica al actual escenario, por un lado veremos un proyecto del gobierno donde por su intención de dar conectividad nacional, obviamente se da solo la oportunidad a las grandes ISP de participar en este concurso, dejando de lado el ideal de generar competencia para que exista conectividad y bajos precios. Sin embargo, tal como lo dice el mismo subsecretario :

“Este proyecto no tiene ni nombre ni apellido. Lo que busca es llevar internet a lugares que no son atractivos comercialmente y la prioridad es lograr la cobertura del servicio al menor costo posible. No es un instrumento para generar competencia”.

Por otro lado tenemos la actual aparición de la factibilidad de dar conectividad a estas zonas rurales a través de modelos de gestión colectiva, tal como se ofrece en la FENAPRU, pero a través de un nuevo modelo en Chile y que sería el del cooperativismo tecnológico, entendido por algunos como comunidades organizadas como una TELCO (modelo de cooperativismo rural argentino) o como una cooperativa de implementación tecnológica (adonde apuntan nuestros comentarios).

Las dudas que surgen son las siguientes:

¿Será positivo paralizar un proyecto en el cual se ha trabajado por meses en la Subtel, buscando el mejor modelo para asegurar la conectividad a zonas donde jamás llegarán las empresas a ofrecer sus servicios porque no les convienen económicamente?

¿Cuál es el papel y rol activo que tienen las comunidades de agua potable en la conectividad de zonas rurales y que son los beneficiarios más o menos directos de estas iniciativas del gobierno?

¿Cómo podemos reunir a los diversos actores presentes, ya sea la SUBTEL, el MOP, la FENAPRU, organismos técnicos proveedores de conectividad, las ISPs, etc y llegar a un plan estratégico que genere concenso por el beneficio de todos los sectores, especialmente a las zonas rurales?

Mi visión personal, luego de revisar el proyecto de Infraestructura Digital, de escuchar los planteamientos de los diputados, lo que opina la FENAPRU y el MOP , es que una solución bastante salomónica sería generar un programa o proyecto paralelo al actual y que sea complementario del mismo, pero diferente en un aspecto… respecto a la administración del servicio de conectividad. Existe la figura de “servicios limitados” (modelo que no aplican en el actual proyecto del FDT), en donde las comunidades se organizan y ellos reciben el subsidio directo del Estado para mantener un servicio de conectividad. Esto significaría que las comunidades contratarían el servicio de las ISP, pero se encargarían de instalación y mantención de las redes, en la llamada última milla, lo que disminuiría los costos, toda vez que no se buscaría el lucro sino el beneficio de las personas. Y esta figura sería complementario al actual proyecto, toda vez que si se concreta éste, habría más puntos de conectividad cercanos a estas comunidades, lo que reduciría a un más los costos de conectividad e implementación del mismo, puesto que si no existieran estos “puntos cercanos” el valor de esta conectividad y su menor calidad aumentarían considerablemente.

Habrá que esperar el éxito de estas reuniones y las soluciones que de ahi se generen.

Dicen que la unión hace la fuerza y esa es la frase que resume finalmente el hecho que haya sido posible que fuimos recibidos junto a un grupo de organizaciones este martes 22 de diciembre por el mismísimo Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera Gallo en el Palacio de la Moneda, para solicitar apoyo a nuesta postura referente a la reforma a la ley de Propiedad Intelectual, entregando propuestas de redacción al texto legal y exponer nuestra posición ante el acuerdo SCD/Gobierno.

Tal como se indicó en la lista de correos de LD, la reunión se gestó gracias al trabajo conjunto de las organizaciones que se excluyeron de la mesa de expertos creada para analizar la reforma a la ley de propiedad Intelectual luego de que apareciera a la luz pública el famoso acuerdo secreto entre la SCD y el Gobierno de Chile. Tras 4 intentos previos fallidos, finalmente se confirmó para este día la reunión a la que asistí invitado como miembro de Liberación Digital y como ex-participante de la mesa antes aludida.

Tal como fue concebida, la reunión no fue abierta sino que fueron representantes de mundo civil, académico y económico, estando presentes Derechos Digitales, ADI, API, ACTI, Colegio de Bibliotecarios de Chile, Comisión de Directores de Bibliotecas de Chile, CONFEDECH y obviamente Liberación Digital. En tal instancia, se conversó brevemente sobre la posición crítica que teníamos frente a la génesis de este acuerdo, pero para aprovechar la instancia y con un ánimo claramente constructivo y de colaboración, hicimos entrega de una minuta donde plasma varios puntos a las que las entidades hemos llegado a consenso referidos al proyecto de ley que se discute en el senado. Para ver el documento entregado click aca.

Es importante señalar que esta señal de apertura del gobierno no es espontanea sino que ha sido gracias al trabajo de todos los sectores excluidos del acuerdo SCD/Gob., incluyendo la sociedad civil organizada, que ha reclamado por el favorecimiento de las pretensiones unilaterales de las entidades de gestión colectiva. Este trabajo a consistido en reuniones con autoridades (haciendo un legítimo lobby por nuestros intereses), dialogos directos con parlamentarios, reclamos en blogs y sitios en Internet, presentación de posturas en diarios, revistas y medios tradicionales de comunicación, en organización de encuentros, etc.

Finalmente y para todos uds. aca va en forma exclusiva una pequeña cuña que le sacamos al Ministro donde nos habla sobre el motivo de la reunión y la posición actual del gobierno con respecto a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (agradezco la sugerencia de Luis Ramirez para este efecto).

En estos últimos meses hemos comenzado a descubrir una práctica que lleva años realizándose entre el mundo empresarial y el político, pero que en estos últimos meses (y en relación a las Políticas Tecnológicas) se han demostrado en todo su esplendor. Y nos referimos a la figura del lobby o tráfico de influencias.

Un proyecto de ley que regula el lobby (que se demoró 4 años) y que se encontraba aprobado por el Parlamento hasta que la Presidenta Bachelet vetó el proyecto para hacerle modificaciones, define lobby :

“como la actividad remunerada que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual, sectorial o institucional con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.
También se entenderá que existe lobby cuando la actividad de promoción, defensa o representación de intereses se efectúe ante los jefes de gabinete o asesores directos o de exclusiva confianza de las autoridades correspondientes.”

Según la 3º Encuesta Nacional UDP, el 62.5% de las personas encuestadas respondió que la opinión de los “grandes empresarios” influye “mucho o bastante” en el proceso de toma de decisiones de gobierno, superando incluso a la influencia atribuída a la opinión de los partidos políticos (que alcanza al 56.6%).
Este enorme poder político que se atribuye a los grandes empresarios es diametralmente opuesta a la sensación que se le adjudica a “la opinión de la gente como usted” (que solo alcanza a un 14%), al “contacto directo que las autoridades tienen con los ciudadanos” (24,6%) y a las “manifestaciones o movilizaciones ciudadanas” (como sería el caso de Liberación Digital), con un 29,3%, es decir, representando menos de la mitad del peso político atribuido a los empresarios.

En el caso de las Políticas Tecnológicas, los que estamos luchando por intereses sociales, a diario vemos como la presión ejercida por el poder económico influye sustancialmente en las decisiones tanto del gobierno como del parlamento, y para muestra, comentaremos un par de casos.

El caso SCD (o UNA, da lo mismo)

Tal como todos sabemos, la nueva figura surgida para hacer lobby, la UNA o “Unión Nacional de Artistas”, logró un acuerdo político con el gobierno donde se privilegiaron las premisas e intereses del conglomerado liderado por la SCD, en donde el gobierno se compromete a excluir cualquier indicación contraria y a no escuchar a los otros actores que también tienen sus legítimos intereses. Este acuerdo se gestó mientras se reunían expertos en el tema debatiendo una ley justa y equilibrada para todos.

Sin embargo simplemente el afán de obtener más recursos (con el argumento de protección de derechos de autor), han hecho que no los artistas, sino que la plana mayor de la SCD (encabezados por el Director el abogado Santiago Schuster y el Presidente de la SCD, Fernando Ubiergo) paralelamente a la discusión formal de la reforma de la ley de Propiedad Intelectual, gestionen acciones enmarcadas en el lobby directo, lo que incluye reuniones con parlamentarios, envío de cartas, registros de dominios en nic.cl , insertos en los diarios (que valen millones de pesos), charlas de todo tipo y, lo que últimamente han hecho es gastar muchas lucas en invitaciones a comer a senadores. Se puede apreciar en la imagen que se acompaña, LA INVITACION FORMAL les llegó a múltiples senadores con el título “Mitin de Primavera, derechos & antiderechos”.
A esta cita finalmente concurrieron 2 honorables, Alberto Espina y Carlos Ominami mas el ministro Viera Gallo. (según comenta Ominami). El primero de ellos habló a favor de los artistas y el segundo, que mencionó la existencia de valores superiores a los “corporativos” fue pifiado por los mismos que lo habían invitado. Patetica reacción frente a una autoridad que va a escuchar para luego concluir.

Cual es la conclusión. Se han gastado millones de pesos en tratar de convencer a los parlamentarios que lo mejor de todo es proteger absolutamente los derechos de autor (como si fueran derechos de propiedad tradicional), todo para lograr sus propios objetivos corporativos, dejando de lado a la sociedad civil. Pésimo.

El caso de la ACTI y Ministro Bitar

Este caso más reciente (ocurrido la semana pasada) parte cuando el senador Navarro logra que dentro de la discusión de la ley de Presupuesto, el senado aprobara una indicación que señalaba :

“…la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. No se podrá adquirir licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de software que se requieran deberán ser adquiridas individualizándose por separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función…”

Esta glosa, aprobada por el senado, posteriormente fue rechazado unánimemente por los diputados y cuando se fue a comisión mixta (de senadores y diputados para resolver la controversia), finalmente se rechazó por 7 votos en contra, 1 abstención y 2 votos a favor de mantener la indicación (del senador Ominami y diputado Tuma). En conclusión, adiós al software libre del presupuesto de la nación 2009.

No es un misterio, por tanto, que apenas se hablara de software libre la ACTI (dentro de la cual se encuentra Microsoft, empresa experta en lobby y que finalmente se vio traducido en el acuerdo marco Microsoft/Gobierno de Chile), reaccionara (con comunicado incluido) en contra de esta propuesta. Sus principales argumentos se basan en que con esta medida habría un “entorpecimiento al proceso de adquisición tecnológica en el sector público”, se “dañaría a la Industria local de software ya existente” y el peor argumento utilizado se “violaría el Principio de Neutralidad Tecnológica del Estado“. (esto, porque dicen que privilegiar el software libre atenta contra libre competencia… se olvidan que en software como sistema operativo existe un monopolio.. pero bueno).

Mi duda principal es saber el porqué todos los diputados rechazaron esta medida aprobada inicialmente por los senadores. Un argumento de peso radicaba en el lobby que hizo la ACTI a los parlamentarios para rechazar esta propuesta. Sin embargo me resistía a creer que todos se alinearían con estos argumentos. Otra posición era que la figura del senador Navarro generaba tantos posibles anticuerpos que la medida introducida por el parlamentarios logró el rechazo de todos los sectores. Tampoco era una idea aceptable. Pero, la mayor sospecha radicaba en lo que el mismo senador Navarro en su blog de la Tercera comentó y que se refería a la existencia de un email de un ministro a algunos diputados, solicitando el rechazo de la glosa.

Finalmente, por diversas vías se supo que el Ministro de Obras Públicas Sergio Bitar había enviado a algunos diputados sus observaciones y en este punto llamaba al rechazo. En este mismo artículo se desliza la posibilidad que gracias a las gestiones del ministro se habría logrado el rechazo de esta medida. Incluso gratuitamente se exige responsabilidad en el asesor del ministro por las decisiones de esta autoridad, lo que me parece un absurdo por exigir responsabilidad por el hecho de un tercero del cual no existe ni dependencia ni subordinación (y es justamente lo contrario lo que ocurre)

En este punto francamente me parece también demasiado paranoico esta idea. Hablando con el diputado Esteban Valenzuela , me comentó que “no hubo carta del Ministro ni lobby directo de ninguna empresa. La opinión de los jefes de comités fue dejar libre cada institución opte por software tradicionales o libres, ya que nadie se los impide, pero no direccionar en ningún sentido”. Una opinión similar la tuvo el diputado Rodrigo González, quien comentó que el problema de la glosa fue que no se entendió ni justificó la medida de implantar el software libre, de ahi que fuera rechazado.

Es por eso que podemos concluir que el fracaso de la introducción del software libre en la Administración Pública no se debe al hecho que sea software libre propiamente tal , ni tan solo al lobby (que efectivamente existió), sino A LA FORMA en que se intentó introducir vía presupuesto 2009. Incluso conversando con varios usuarios expertos de software libre, comentaban que ese fue el error, tratar de implantar la tecnología, en vez de introducirlo gradualmente. Y esa es la experiencia que debemos aprender para saber de que forma podemos lograr obtener la protección o reconocimientos de nuestras pretensiones como sociedad civil.

Sin embargo, no debemos desatender a la actitud de la ACTI y las palabras de Aldo Signorelli , secretario General de la ACTI, cuando decía ante la pregunta si es que estaban haciendo lobby: “Estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la palabra”. No más comentarios al respecto.

Desafío de la Sociedad Civil organizada

¿Qué es lo que finalmente debemos hacer? ¿Debemos denunciar la actividad del lobby siendo que es una práctica habitual , incluso aceptada, por todos los sectores? ¿Debemos denunciar, reclamar, maldecir, alarmar por estas situaciones?

Un viejo adagio dice : ” Si la montaña no va Mahoma, Mahoma va a la montaña. “

Mi opinión es que la Sociedad Civil organizada, ya sea en movimientos, en ONGs, en centros de software libre, comunidades varias, etc. deberían perfeccionar sus técnicas de influencia en las Políticas Tecnológicas. Para ello es necesario tener siempre críticas al sistema, pero también propuestas concretas. Y no solo tenerlas, sino hacerlas oír, ya sea en charlas, encuentros, conversaciones con autoridades, vía campañas reales y virtuales, blogs y portales, medios de comunicación tradicional y online, es decir, copiar las formas de operar del poder económico y optimizarlos, para lograr los objetivos sociales que representamos.

En Liberación Digital estamos a tiempo y lo estamos haciendo. Por el tema del acuerdo SCD/Gobierno de Chile ya hemos demostrado a través de la red nuestra molestia y hemos expresado nuestra opinión. Ahora estamos en reuniones con autoridades, con ministros y parlamentarios, nos han invitado a encuentros del gobierno y estamos gestionando pronto acciones concretas como firmas contra el acuerdo, foros-debate , publicación de libros, tocatas organizadas y muy pronto se hará un llamado a un reclamo real, con pancartas y distribución de afiches con nuestros argumentos (así que atento a la convocatoria).

Solo es necesaria la organización, los argumentos y la persistencia para ser actores válidos sobre todo en los temas que nos incumben. Esto para influir en las Políticas Tecnológicas de Estado que finalmente nos rige y marca el desarrollo tecnológico (y económico) del país.

fuente foto: http://flickr.com/photos/mricci/